JEP otorga amnistía a más de 9.600 exfarc que firmaron el Acuerdo Final de Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó amnistías de iure a más de 9.600 exintegrantes de las Farc por delitos políticos.

Esto quiere decir qué, los firmantes del Acuerdo de Paz del año 2016 no tienen deudas pendientes con la justicia, y que si llegaran a ser detenidos por las autoridades, este documento les otorga protección legal, evitando su arresto.

"Todas estas amnistías, concedidas por el Estado colombiano, solamente fueron otorgadas por delitos políticos. Aunque los beneficiados deben atender el llamado de la JEP y la UBPD, en caso de que se les requiera, aquellos que las recibieron y no tienen más deudas con la justicia están exentos de responsabilidades legales y pueden continuar su proceso de reincorporación, convirtiéndose así en agentes activos de la construcción de un mejor país", dice la JEP.

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Que los antiguos integrantes de las Farc tengan claridad sobre su situación legal facilita su reincorporación a la sociedad, evita la congestión judicial y permite darle un enfoque más eficiente al trabajo de la JEP, focalizándose en los casos más representativos donde existen graves responsabilidades. Las amnistías son un instrumento acordado para cerrar el ciclo de violencia, atendiendo los estándares internacionales y sin impunidad.

Este proceso comenzó comenzó en septiembre de 2023, luego que la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recopilara los nueve decretos presidenciales que conceden la amnistía.

Hoy, en un acto público, estos decretos fueron comunicados a los firmantes del Acuerdo Final de Paz.

En el caso de los antiguos miembros de las exfarc que no han sido amnistiados y no han sido seleccionados como máximos responsables de los graves crímenes, será la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP la que se encargue de definir su situación jurídica.

Esta dependencia de la JEP se ocupa de los casos más difíciles, es decir, aquellos en los que es necesario investigar en profundidad si el hecho victimizante puede ser amnistiable o no.

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