JEP imputa a militares del Batallón La Popa por tortura en casos de falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado el delito de tortura a varios militares del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” en el marco de la Resolución de Conclusiones No. 03, correspondiente al Subcaso Costa Caribe, parte del Caso 03, que investiga falsos positivos en Colombia. Los hechos analizados ocurrieron entre 2002 y 2005 en municipios del Cesar y La Guajira, donde se documentaron 135 crímenes en 77 eventos, cifra superior a la previamente estimada.

En su análisis, la JEP identificó dos patrones de macrocriminalidad que destacan la gravedad de estos hechos, mostrando el impacto en las comunidades, especialmente las indígenas. La resolución ordena a los responsables de estos crímenes pronunciarse en un plazo de quince días sobre la nueva calificación que incluye el crimen internacional de tortura. Asimismo, se introdujo el delito de persecución, resaltando la sistematicidad de las agresiones contra la población civil.

La JEP también solicitó a la Sala de Reconocimiento una lista de presuntos responsables que no están obligados a comparecer, con el fin de que sean investigados en la justicia ordinaria. Esto se realiza con el propósito de asegurar que todos los posibles responsables sean identificados y sometidos a un proceso judicial adecuado.

Lea también: (Caso Pegasus: fiscal Camargo confirma que operación por USD$ 11 millones sí existió)

Para garantizar los derechos de las víctimas, se estableció un acompañamiento psicosocial, con atención especial a las comunidades étnicas, incluyendo servicios de traducción para asegurar una comprensión adecuada del proceso. La JEP determinó que tanto el Ministerio Público como las víctimas deben ser informados sobre esta decisión para que puedan participar activamente.

El documento de la JEP incluye además disposiciones de transparencia, ordenando que se remita copia de la providencia a la Relatoría y a la Subdirección de Comunicaciones para su divulgación. La decisión también será notificada a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y a la UIA para que continúen sus funciones de verificación y seguimiento del caso.

“Este paso representa un avance significativo en el proceso de justicia transicional y una respuesta a las demandas de verdad y reparación de las víctimas”, afirmaron voceros de la JEP, reafirmando el compromiso con la memoria y justicia en el país.

Otras noticias