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JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 4 generales y 35 uniformados por más de 400 falsos positivos

La JEP halló responsables a altos mandos y oficiales de la IV Brigada del Ejército por ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2007 en Antioquia, bajo una política de "conteo de cuerpos".

JEP 19 FEBRERO1
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 19/02/2025 - 11:07 Créditos: JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales retirados y 35 oficiales y suboficiales de la IV Brigada del Ejército Nacional, señalándolos como responsables de 442 casos de falsos positivos en Antioquia entre 2004 y 2007.

Los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria fueron hallados como los principales promotores de una política de facto de "conteo de cuerpos", incentivando la ejecución de civiles para presentarlos como bajas en combate.

Junto a ellos, 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones también fueron imputados por su participación activa en la política criminal. Además, la JEP vinculó a dos civiles que formaban parte de una red de reclutamiento de víctimas, entregándolas a los militares a cambio de dinero.

El magistrado presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, enfatizó que "en un Estado de derecho, todo funcionario público debe rendir cuentas ante la justicia, sus víctimas y el país si participó en estos crímenes". Agregó que las ejecuciones extrajudiciales afectaron especialmente a poblaciones vulnerables, incluyendo menores de edad, habitantes de calle, personas con discapacidad, campesinos estigmatizados y miembros de la comunidad LGBTI.

La JEP estableció que la IV Brigada del Ejército priorizó la cantidad de "bajas en combate" como el único indicador de éxito militar. Esta presión, ejercida por los comandantes a través de amenazas y premios, incentivó la competencia entre unidades para producir resultados, sin importar la legalidad de los mismos.

Los generales imputados emitieron órdenes directas en programas radiales con sus tropas, en los que se registraron frases como: "lo único que cuentan son las bajas" y "las capturas no nos sirven para nada". Se impusieron metas mínimas de muertes al mes y se firmaron "actas de compromiso" en las que los comandantes se obligaban a cumplir con determinado número de bajas.

Esta política se implementó incluso en zonas donde la guerrilla ya había sido derrotada o replegada, y donde los grupos paramilitares se habían desmovilizado, lo que demuestra que la presión por "dar resultados" llevó al asesinato indiscriminado de civiles inocentes.

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Violaciones sistemáticas a los derechos humanos

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP documentó 270 hechos entre 2004 y 2007, con un saldo de 442 víctimas. De ellas, 434 fueron asesinadas, 203 sufrieron desaparición forzada y 41 fueron torturadas.

Uno de los casos destacados fue el de los campesinos Luis Albeiro Avendaño Muriel, Luis Argiro Agudelo y John Jairo Bernal, asesinados en Sonsón, Antioquia, en 2005. Fueron golpeados, atados y ejecutados frente a sus familias por soldados de la contraguerrilla 'Corcel 2'. Martha Isabel Guerra Úsuga, esposa de una de las víctimas, relató: "A mi esposo lo mataron amarrado a un palo, como un animal".

Por primera vez, la JEP confirmó que la tortura fue usada sistemáticamente en estos casos, con víctimas que fueron brutalmente golpeadas y sometidas a tratos crueles antes de ser asesinadas.

Encubrimiento y omisión de denuncias

La investigación de la JEP determinó que los comandantes de la IV Brigada conocían y desestimaron las denuncias sobre los falsos positivos. Entre 2003 y 2007, diversas instituciones del Estado y organismos de derechos humanos enviaron 33 comunicaciones alertando sobre estas prácticas criminales, pero los generales imputados las ignoraron y reforzaron su política de conteo de cuerpos.

Antioquia fue el departamento más afectado por los falsos positivos, concentrando el 25.19% de los 6.402 casos documentados a nivel nacional por la JEP.

Con esta imputación, los 39 militares y dos civiles tienen la opción de aceptar su responsabilidad, colaborar con la verdad y someterse a sanciones restaurativas, o enfrentar un juicio que podría llevarlos a penas de hasta 20 años de prisión si no reconocen los hechos.

 

 

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