Imputan a personas cercanas a Víctor Carranza por apropiación ilegal de terrenos baldíos

La Fiscalía General de la Nación imputó a dos individuos cercanos al fallecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, por presuntas maniobras ilícitas para apropiarse de 26.939 hectáreas de terrenos baldíos en Puerto Gaitán (Meta).

Los procesados son un abogado de confianza de Carranza, Fernandel Alonso, y Jaime Rojas García, un exportador de piedras preciosas y socio del esmeraldero. La investigación, conducida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, revela un entramado de corrupción que data de 1992. En ese año, Víctor Carranza, a través de Alonso, habría obtenido ilegalmente los terrenos aprovechando una normativa del entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

La ley permitía la entrega de terrenos baldíos a habitantes de la región sin propiedad de tierras, con la condición de no venderlas antes de 15 años. Alonso presuntamente manipuló este proceso, logrando que 27 empleados y conocidos de Carranza fueran falsamente reconocidos como locales, permitiéndoles adquirir las tierras. En 2007, estos terrenos fueron vendidos a cinco allegados de Carranza, incluyendo un médico veterinario, un escolta y tres esmeralderos, por un total de 743 millones de pesos.

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Los trámites de adjudicación, escritura y venta de los terrenos se realizaron en una notaría de Villavicencio y en registros públicos de Puerto Gaitán. La Fiscalía tiene pruebas de que Jaime Rojas García también participó en esta operación. Tanto Alonso como Rojas García han sido imputados por fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado, aunque Alonso no aceptó los cargos.

Rojas García se ausentó de la audiencia de imputación de cargos sin pronunciarse, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar un nuevo proceso penal contra él por impedir o perturbar la celebración de audiencias públicas. Además, se investiga la participación de varios empleados de la notaría de Villavicencio, quienes podrían haber facilitado estos trámites ilegales.

La investigación descubrió que muchos beneficiarios no residían ni trabajaban en la región. Se utilizaron poderes falsos, documentos con huellas ilegibles y firmas de personas fallecidas. Estas irregularidades permitieron a Rojas García incrementar injustificadamente su patrimonio, superando los 6.000 millones de pesos. Los actos administrativos que concedieron la adjudicación y posesión de los terrenos fueron anulados en febrero de 2015.

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