Imputan a exfuncionarios de Medellín por contrato irregular de $16.000 millones firmado en Ley de Garantías

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín por presuntas irregularidades en un contrato interadministrativo por más de $16.000 millones, suscrito entre el 28 y 29 de junio de 2023, durante la vigencia de la Ley de Garantías.

Los procesados son Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad; Rubén Darío López Giraldo, exdirector Técnico de la Secretaría de Infraestructura; y Santiago Ortega Mateos, excontratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). A los tres se les imputó el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

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El contrato tenía como objeto la adecuación del espacio público y el reparcheo de vías en la comuna 10 de Medellín, abarcando barrios como Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal. Las obras incluían demolición de estructuras, excavaciones, urbanismo, adecuación de andenes, mantenimiento vial y rehabilitación de corredores.

Según la Fiscalía, el proceso fue gestionado por la Secretaría de Movilidad, pese a que esa dependencia no tiene competencia legal para contratar obras civiles. Estas funciones corresponden a la Secretaría de Infraestructura Física, con apoyo de la Secretaría de Servicios y Suministros.

Además, la contratación se tramitó por selección directa, sin abrir un proceso de licitación pública, lo que vulnera los principios de transparencia y pluralidad. También se omitió el análisis riguroso del sector y no se justificó el presupuesto oficial en los estudios previos.

Uno de los puntos más críticos del caso es que el contrato fue firmado durante la vigencia de la Ley de Garantías, la cual prohíbe a los mandatarios locales y sus equipos celebrar contratos administrativos cuatro meses antes de elecciones.

Las pruebas recaudadas indican que Rubén Darío López habría utilizado su rol en la Secretaría de Infraestructura para elaborar estudios previos, análisis de sector, matriz de riesgos y cargar el proceso en la plataforma SECOP II, a pesar de que no era su competencia directa.

Por su parte, Ortega Mateos habría apoyado técnicamente a la Secretaría de Movilidad en el proceso de firma del contrato, a pesar de estar vinculado como contratista de prestación de servicios.

Con esta imputación, la Fiscalía avanza en la investigación sobre posibles irregularidades en la administración distrital que comprometen recursos públicos en periodos electoralmente sensibles.

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