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Imputan cargos por corrupción en contratación en el Emcali a Emilio Tapia
El procesado estaría involucrado en la falsificación de documentos para quedarse con dos contratos por valor de $6.212 millones de pesos.
El contratista involucrado en varios procesos de corrupción, Emilio José Tapia Aldana, fue imputado nuevamente por un hecho de fraude relacionado en esta ocasión por la falsificación de documentos de dos contratos que superan los 6 mil millones de las Empresas Municipales de Cali, Emcali.
El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación dejó en evidencia que en compañía de otras tres personas, Tapia habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante las Empresas Municipales de Cali en 2021.
Según la investigación, Tapia Aldana, controló un conglomerado de empresas que se presentaron a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino fase uno, los cuales tenían un valor a $3.798 millones y $2.414 millones, respectivamente.
Uno de los requisitos exigidos a los oferentes para acceder a dicho contrato era presentar el aval de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación legal, presuntamente, no la cumplía el consorcio de Tapia. Por esta razón, habrían sido falsificados dos documentos que certificaban el Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.
Este acto hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, los cuales permitieron al conglomerado de Tapias Aldana perfeccionar la oferta y dieron aval administrativo para que se quedara con los respectivos contratos que tenían un valor de $6.212 millones de pesos.
En la actualidad, Emilio José Tapia Aldana se encuentra recluido en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, como parte del proceso que continúa en su contra por la posible participación en el caso de corrupción de ´Centros Poblados´, en el que se apropiaron recursos de un contrato que pretendía garantizar internet a escuelas rurales del país.
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