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Gobierno declaró emergencia carcelaria en todos los centros penitenciarios del país
Esta es la cuarta vez que se hace una declaratoria de este tipo en Colombia.
El Gobierno nacional ha declarado emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país en respuesta a la escalada de homicidios, atentados y amenazas dirigidas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diversas cárceles de Colombia.
La decisión fue tomada durante una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Inpec, en la que participaron importantes funcionarios como el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña; la vicefiscal, Martha Mancera; el director del Inpec, Daniel Gutiérrez; y el representante de la Policía, brigadier general Nicolás Alejandro Zapata.
"Por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta medida se toma ante el incremento de homicidios de guardianes del Inpec y las amenazas y atentados contra su seguridad. Esta emergencia busca proteger la vida, la integridad y el trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia. También buscamos abordar la extorsión que se ha exacerbado con los recientes acontecimientos en Tuluá", expresó Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho.
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El ministro también sugirió que estos actos criminales podrían ser represalias de organizaciones delictivas de alto calibre en respuesta a las operaciones contundentes realizadas por la Fuerza Pública bajo las directrices del Gobierno nacional.
Entre las medidas de la emergencia carcelaria se incluyen traslados presupuestales y contratación directa de recursos. Se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para garantizar su seguridad. Además, se regularán las visitas presenciales en los centros de detención.
El Inpec informó que, entre los antecedentes que llevaron a esta determinación, se destaca un aumento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria y un incremento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos lamentables pérdidas humanas registradas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.
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