Fiscalía ya inició la investigación para determinar si hubo o no chuzadas a los magistrados

El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, ha presentado una grave denuncia al afirmar que ha sido víctima de interceptaciones ilegales por parte del gobierno nacional. La declaración del magistrado, originalmente detallada en una carta fechada el 14 de junio, ha desatado una rápida reacción por parte de la Fiscalía y del Gobierno.

Investigación de la Fiscalía

En respuesta a las acusaciones, la fiscal general Luz Adriana Camargo ha designado un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazó al despacho de Ibáñez para obtener más detalles sobre la denuncia. La fiscal Camargo ha subrayado la necesidad de celeridad en las pesquisas para determinar la veracidad de las acusaciones lo antes posible.

Reacciones de las altas cortes

La denuncia ha generado una fuerte reacción entre los presidentes de las Altas Cortes, quienes han expresado su respaldo a Ibáñez y a la Corte Constitucional. Han instado a la Fiscalía a agilizar las investigaciones, advirtiendo que, de confirmarse las acusaciones, se pondría en riesgo la independencia del poder judicial y la estabilidad de la democracia en el país.

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Respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, asegurando que desde el inicio de su mandato no se ha autorizado ningún tipo de seguimiento o espionaje contra magistrados, periodistas y líderes opositores. Paralelamente, la Presidencia de la República ha iniciado investigaciones disciplinarias internas en la dirección de informática y la Secretaría de Prensa para evaluar posibles actuaciones indebidas relacionadas con el caso.

Esta semana se perfila como crucial para que los investigadores de la Fiscalía determinen la verdadera magnitud del escándalo. 

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