Fiscalía y Procuraduría se pronuncian sobre proyecto de Ley de sometimiento

El pasado 15 de marzo el ministro de Justicia, Nestor Osuna, junto al jefe de la cartera del Interior, Alfonso Prada, radicaron en el Congreso de la República el proyecto de Ley de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición, y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, más conocido como 'Ley de sometimiento'.

Proyecto que de entrada ha tenido adversarios tanto de parte del Gobierno como de la oposición, así como de organismos judiciales debido a que el articulado presentaría varios aspectos que podrían resultar en impunidad para las bandas criminales que se sometan a esa Ley.

Un mes después de su radicación, el fiscal general, Francisco Barbosa y la procuradora general, Margarita Cabello, presentaron sus reparos al proyecto en el foro 'Ley de sometimiento: hoja de ruta' de El Tiempo.

El primero en pronunciarse fue el fiscal Barbosa, que ha criticado fuertemente el proyecto y que en este foro expresó sus observaciones frente al articulado.

"El presidente Petro me aseguró que no quiere hacer negociación política con narcotraficantes porque él no es un narcotraficante, es una persona que tiene un interés legítimo en lograr que baje la violencia en Colombia", expresó Barbosa.

Según el fiscal, al no existir claridad frente a quién va dirigido el proyecto, cualquier grupo criminal buscaría ingresar a la política de 'paz total' del gobierno del presidente Petro.

La Ley de sometimiento establece que las estructuras criminales deben aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos que hayan cometido, entregar información sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas, y a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre seis y ocho años de cárcel efectiva.

Por su parte la Procuradora insistió en sus reparos y asegura que aunque se le hicieron ajustes al articulado, las víctimas siguen llevando la peor parte.

"Hay que garantizar que la no impunidad tiene que estar como regla general en todos estos procesos. Si se van a imponer sanciones en este tipo de acuerdos, es importante que sea con la mayor reparación integral posible. De no hacerlo, corremos el riesgo de que la Corte Penal Internacional desarchive la situación penal de Colombia", dijo la jefe del Ministerio Público.

Insistió además que hay que establezcan reglas al momento de concederle beneficios a estos grupos criminales, como garantías de no repetición y reparación, siempre poniendo por delante a las víctimas.

El texto de la Ley señala también que esos grupos delincuenciales, deben entregar todos sus bienes, y si cumplen, tendrán derecho a conservar el equivalente al 6% de su valor, con un tope máximo de 10.000 salarios mínimos, es decir, más de $11.000 millones.

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