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Fiscalía toma medidas contra el Clan del Golfo por secuestro de fiscales en Antioquia
El ente acusador constató que el responsable fue José Gonzalo Sánchez Sánchez alias 'Gonzalito', máximo cabecilla del grupo.
La Fiscalía General de la Nación se pronunció respecto a los hechos que ocurrieron el pasado fin de semana, cuando un grupo de funcionarios judiciales fueron secuestrados por cuatro horas por el Clan del Golfo, en Antioquia. Entre los afectados, están tres fiscales y la secretaria del juzgado de Tarazá.
Los hechos ocurrieron cuando integrantes del grupo armado ilegal retuvieron la camioneta en la que se movilizaban los funcionarios, quienes se trasladaban desde el Bajo Cauca hacia Medellín. En el trayecto que realizaban, fueron interceptados por 12 hombres armados y seis motocicletas, en el corregimiento El Doce, en el tramo en dirección al municipio de Valdivia. Al parecer, los miembros del grupo armado acusaron a los funcionarios de ser extorsionistas, para luego llevarlos hacia el corregimiento Barro Blanco.
Estas cuatro personas fueron identificadas como: la fiscal de Tarazá, Sara Catalina Bermúdez; el fiscal seccional de Cáceres, Edwin González, el fiscal local de Cáceres, Víctor Motta e Isabel Gómez Orrego, secretaria del Juzgado de Tarazá.
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Por estas acciones, el ente acusador logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez alias 'Gonzalito', máximo cabecilla del Clan del Golfo en la zona, quien actualmente tiene orden de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura, que pidió el Gobierno, fueran levantadas. Petición a la que no accedió la Fiscalía por no existir ningún marco constitucional para hacerlo.
De esta manera, frente a la situación, se logró que un juez de control de garantías expidiera orden de captura contra alias 'Gonzalito' por el delito de secuestro agravado.
Entre otras medidas, la Fiscalía tomó la decisión de cerrar temporalmente la sede de a Fiscalía en Tarazá, debido a que en ese municipio no se cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para ejercer las funciones de administrar la justicia.
Adicionalmente, se citarán a los funcionarios y olas autoridades de la Policía y Fuerzas Militares para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos, pues los fiscales que fueron secuestrados aseguraron que durante el secuestro pasaron por tres puestos de control del Ejército y estos no realizaron ninguna acción para garantizar la seguridad.
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