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Fiscal general dispuesta a interrogar al ministro de Hacienda por escándalo de corrupción
Luz Adriana Camargo asegura garantías legales en la investigación sobre la Unidad de Gestión del Riesgo, mientras avanza el proceso judicial contra varios funcionarios.
En medio del creciente escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, la fiscal general Luz Adriana Camargo ha declarado que la Fiscalía está dispuesta a escuchar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una eventual declaración o interrogatorio.
Esta disposición se da en el contexto de las investigaciones en curso que buscan esclarecer las acusaciones de apropiación indebida de recursos públicos y otras irregularidades.
Camargo afirmó que tanto el ministro Bonilla como todos los involucrados en el caso tienen las garantías legales para defenderse y solicitar un interrogatorio. "Esos espacios los van a tener naturalmente; esos espacios los define el equipo de investigación y el equipo de fiscales," señaló la fiscal general, subrayando el compromiso de la Fiscalía con la transparencia y la justicia.
Curso de las investigaciones
La posibilidad de imputar al ministro Bonilla y a otros funcionarios depende del avance de las investigaciones lideradas por las fiscales a cargo del caso. Hasta ahora, el equipo especial de fiscales ha estado recolectando una serie de pruebas como parte del proceso judicial, buscando esclarecer la magnitud de las irregularidades cometidas.
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Imputaciones y acusaciones
Recientemente, Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López fueron imputados con cargos por cinco delitos relacionados con la apropiación indebida de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La fiscal delegada contra la corrupción, Andrea Muñoz, reveló que estos individuos participaron en un concierto para delinquir que desvió $4,000 millones a los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, bajo la orden de Carlos Ramón González.
Implicaciones del ministro de Hacienda
Según la fiscal Muñoz, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaría implicado en el direccionamiento de contratos por $92,000 millones , destinados a beneficiar a seis congresistas en apoyo a la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional. Esta revelación ha aumentado la presión sobre Bonilla, quien ahora se encuentra bajo el escrutinio de la Fiscalía.
El escándalo también ha salpicado a César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, implicado en la celebración de contratos financiados con $100,000 millones de la Agencia Nacional de Tierras.
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