Fiscal Francisco Barbosa en el ojo del huracán por aumento de gastos reservados

Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, compartió detalles cruciales en torno a la auditoría realizada sobre los gastos reservados atribuidos a la gestión de Francisco Barbosa como fiscal. 

Este escrutinio surge en un momento clave, justo cuando Barbosa está por concluir su mandato, enfrentándose a una creciente controversia por el notable incremento, que alcanzó hasta un 171% en el 2022 en comparación con el año anterior, en los gastos reservados de la Fiscalía. 

Este aumento, reportado por la revista Cambio, ha colocado a Barbosa bajo la lupa, especialmente por la falta de transparencia en la justificación del uso de estos fondos, levantando sospechas sobre la posibilidad de que estos recursos se destinaran para fines personales, como la reparación de su vivienda.

La magnitud de este asunto adquiere una relevancia particular dado el papel de la Contraloría en el seguimiento y fiscalización de los recursos públicos, y más aún, cuando surgen acusaciones contra Carlos Zuluaga de supuestamente intentar obstruir la investigación relacionada con Barbosa. 

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No obstante, Zuluaga se defendió en Caracol Radio de estas alegaciones, asegurando en la entrevista que el equipo auditor encargado de esta tarea no sufrió cambios a lo largo del proceso, reforzando la integridad de la auditoría desde su inicio hasta su conclusión.

La investigación especial, que tomó forma a principios de 2023, se vio obstaculizada por dificultades para acceder a información detallada sobre los gastos, lo que complicó la elaboración de un informe concluyente. 

La Fiscalía, bajo las órdenes de Barbosa, inicialmente restringió la divulgación de información relacionada con estos gastos, argumentando motivos de seguridad nacional. 

Sin embargo, la insistencia de la Contraloría por la transparencia y el seguimiento legal de los recursos llevó a que finalmente se permitiera el acceso a los datos, aunque con la condición de que el análisis se realizara in situ en las oficinas de la Fiscalía, manteniendo la documentación bajo resguardo y sin posibilidad de extracción.

Esta situación se agrava al considerar precedentes donde la seguridad de los funcionarios no ha impedido la entrega de información sobre gastos reservados a la entidad contralora, lo que pone en tela de juicio la justificación de Barbosa para limitar el acceso a los detalles de los gastos. 

Zuluaga, por su parte, enfatizó la continuidad del equipo auditor a lo largo de todo el proceso y desmintió cambios en la composición del mismo que pudieran haber afectado la imparcialidad de la investigación. 

Además, resaltó que prácticas como el blindaje de viviendas por motivos de seguridad han sido comunes entre fiscales en el pasado, sin que esto haya generado antes cuestionamientos sobre la gestión de recursos.

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