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Dos exparamilitares en juicio a Álvaro Uribe dejan mal parado a senador Iván Cepeda por ofrecimientos indebidos
Denunciaron que les ofrecieron beneficios si declaraban en contra del expresidente.

Dos exintegrantes del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han señalado al actual senador Iván Cepeda Castro por, presuntamente, haber ofrecido beneficios a cambio de declaraciones que involucraran al expresidente Álvaro Uribe Vélez con organizaciones paramilitares.
Las versiones fueron entregadas en contextos judiciales distintos, pero coinciden en señalar la existencia de supuestas promesas de favores judiciales, apoyos económicos y hasta la posibilidad de exilio.
El primero de estos testimonios fue presentado por Giovanny Alberto Cadavid Zapata, exmiembro del Bloque Metro de las AUC, quien aseguró que, durante una visita a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), Iván Cepeda —a quien se refirió como “don Iván”—, junto con la abogada Mercedes Arroyave Ardila, habría planteado la posibilidad de acceder a diversos beneficios si aceptaban testificar en contra del expresidente Uribe.
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Según Cadavid, en la reunión también estuvieron presentes otros dos exparamilitares: Máximo Cuesta Valencia y Elmo José Mármol Torregrosa.
La conversación, en un inicio, se centró en la posible ubicación de fosas comunes en zonas rurales de Amalfi, Antioquia, lugar donde operó el Bloque Metro.
No obstante, de acuerdo con su testimonio, la reunión derivó en preguntas sobre presuntos vínculos entre Uribe Vélez y estructuras ilegales. Cadavid afirmó que, al manifestar que no tenía conocimiento sobre tales nexos, el tema no volvió a tratarse en ese encuentro.
Esta versión fue informada por Cadavid a la Corte Suprema de Justicia en 2018. Sin embargo, el alto tribunal no encontró mérito suficiente en su relato y desestimó su credibilidad.
La Corte compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigara a Cadavid, Cuesta y Mármol por el posible delito de falso testimonio, al hallar coincidencias gráficas entre los escritos presentados, errores en los nombres de los supuestos intervinientes y características comunes en la redacción.
A este relato se sumó, en un escenario distinto, la declaración de Elmo José Mármol Torregrosa, otro exmiembro del Bloque Metro y testigo citado por la Fiscalía en el proceso judicial que se adelanta contra Álvaro Uribe.
En el marco de una audiencia pública realizada en Bogotá, Mármol ratificó que también fue contactado por Iván Cepeda y Mercedes Arroyave durante su permanencia en la cárcel de Cómbita. Según su testimonio, la reunión se habría producido en 2012.
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Mármol expresó inicialmente su incomodidad al ser llamado a declarar y manifestó de forma explícita su negativa a testificar.
Solo accedió a intervenir tras la insistencia de la jueza 44 penal del circuito de Bogotá y la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema.
En su declaración, sostuvo que Cepeda y Arroyave le ofrecieron “prebendas y beneficios” tanto para él como para su familia, incluyendo la posibilidad de ser trasladado fuera del país.
El testigo agregó que, durante esa conversación, se le insistió en que declarara sobre una supuesta relación entre Álvaro Uribe y las autodefensas, pese a que él afirmó no conocer personalmente al expresidente.
También señaló que la abogada Arroyave mantenía cercanía con Juan Guillermo Monsalve, otro exintegrante del Bloque Metro, quien ha fungido como testigo en el mismo proceso.
Mármol, junto con Cadavid y Cuesta, remitió una carta a la Corte Suprema de Justicia en 2018 denunciando las presuntas presiones para involucrar al expresidente Uribe.
En ese documento, aseguraron que los ofrecimientos incluían beneficios judiciales, apoyos económicos e incluso la posibilidad de asilo político.
Sin embargo, la Corte también descartó la validez de esta misiva, argumentando la existencia de similitudes en la caligrafía y la redacción, además de errores formales como inconsistencias en los apellidos mencionados.
Actualmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
El caso se originó tras denuncias cruzadas entre Uribe y Cepeda por la supuesta manipulación de declaraciones de exparamilitares sobre vínculos con el paramilitarismo.
En este contexto, la Fiscalía General y la Rama Judicial continúan examinando los elementos presentados por las distintas partes en uno de los procesos más complejos y prolongados del sistema judicial colombiano.
Pese a las denuncias de los excombatientes, hasta el momento no se ha emitido pronunciamiento que comprometa penalmente al senador Iván Cepeda.
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