Defensa del expresidente Álvaro Uribe solicita aplazar juicio

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabezada por el abogado Jaime Granados, solicitó a la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, el aplazamiento del juicio oral contra el exmandatario, inicialmente programado para el 6 de febrero de 2024. 

En su petición, la defensa propone que el proceso se inicie el 17 de febrero de 2025, argumentando la necesidad de más tiempo para analizar las pruebas recientemente admitidas y garantizar la seguridad del acusado y su equipo legal.

Granados cuestionó la programación del juicio, señalando que las fechas fueron fijadas cuando la audiencia preparatoria aún estaba suspendida por la apelación de las decisiones sobre las pruebas. 

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Según el abogado, el código procesal establece que el juicio debe agendarse solo cuando la etapa preparatoria haya concluido. Además, argumentó que, tras la concesión del recurso en efecto suspensivo, el despacho del juez perdió competencia para tomar decisiones hasta que la apelación fuera resuelta.

El juicio contra Uribe, quien enfrenta cargos por presunto fraude procesal y soborno a testigos, ha estado rodeado de controversias, especialmente por las interceptaciones telefónicas consideradas clave en la investigación. 

Estas grabaciones, realizadas a los teléfonos del exmandatario y su entonces abogado, Diego Cadena, han sido utilizadas por la Fiscalía para argumentar una posible manipulación de testigos. La reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de admitir estas pruebas permitió que el proceso avanzara.

Además del aplazamiento, Granados solicitó que el juicio se realice de manera híbrida para minimizar riesgos de seguridad. El abogado, quien reside fuera de Colombia por seguridad, afirmó que la virtualidad no afectaría el principio de inmediación del proceso y permitiría la participación de todas las partes sin poner en peligro su integridad.

La defensa también pidió que la audiencia preparatoria no se cierre hasta que se resuelvan todas las apelaciones pendientes sobre las pruebas. Granados enfatizó que el proceso debe garantizar el derecho a la defensa y desarrollarse de manera equitativa. Ahora, la decisión sobre el aplazamiento del juicio queda en manos de la juez Sandra Heredia.

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