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Corte Constitucional tumba nuevo decreto de la emergencia en La Guajira
El decreto establecía una transferencia para asistir a las familias con hijos de la primera infancia, así como a las madres gestantes que se encontraban en estado de desnutrición.
La Sala Plena de la Corte Constitucional derogó este lunes un nuevo decreto de la emergencia en La Guajira, determinada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Se trata del decreto que establecía una transferencia para asistir a las familias con niños y niñas de la primera infancia, así como a las madres gestantes que se encontraban en estado de desnutrición o en grave riesgo inminente de padecerla.
El tribunal examinó la posible conexión entre este decreto y la decisión de otorgar efectos diferidos a decretos relacionados con el tema del agua para prevenir un empeoramiento de la crisis humanitaria. Sin embargo, la Sala Plena determinó que este decreto no guarda relación con dicha decisión.
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"En cuanto a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua, que, de haberse comprobado, habría dado lugar al diferimiento de sus efectos siempre y cuando cumpliera con todos los demás requisitos materiales y formales que condicionaban su validez", dice la Corte.
En la decisión, la Corte también declaró inexequible por consecuencia, el Decreto Legislativo 1272 del 31
de julio de 2023, con efectos retroactivos "salvo en lo que toca con las transferencias no condicionadas que se hayan efectivamente entregado a la fecha de la presente sentencia".
Varios de los magistrados se apartaron de la decisión, argumentando que el tema está vinculado a la crisis humanitaria y, por lo tanto, consideraron necesario diferir los efectos de dicha decisión.
El pasado 2 de octubre la Corte Constitucional dejó sin efecto el Decreto 1085 de 2023 en el cual se declaraba el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
Con la ponencia presentada por parte de la magistrada,Cristina Pardo, la Sala Plena de la Corte le asesta al Gobierno Petro otro revés legal con esta decisión.
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