Colegio de Abogados Penalistas preocupado por eliminación de la virtualidad en la justicia

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, una de las principales agremiaciones profesionales del sector jurídico en el país, ha expresado su preocupación ante los rumores que circulan sobre una posible decisión de la Corte Constitucional que acabaría con la virtualidad en la Justicia.

Según un comunicado de prensa emitido por la agremiación, la sentencia C-134 del pasado 3 de mayo de 2023 declaró exequible el artículo 63 del Proyecto de Ley 295/2020 de Cámara, acumulado con los proyectos 430 y 468/2020 de Cámara y 475/2021 de Senado, que reforma la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, establece que las actuaciones judiciales deben surtirse de manera presencial, lo que supondría un retroceso en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, en la prestación del servicio de Justicia.

El gremio de juristas considera que el uso de las TIC en la justicia ha supuesto la revolución más importante en el sector en los últimos 50 años. 

De hecho asegura que en los últimos tres años se ha avanzado significativamente en la manera en que se deciden los procesos en Colombia, de manera efectiva, pronta y visible para la comunidad, lo que ha supuesto un importante ahorro de recursos para la comunidad y el Estado.

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El retorno a la presencialidad no solo es un retroceso, sino una afectación a las garantías de los derechos de la ciudadanía, los profesionales del derecho y los funcionarios judiciales, según la agremiación.

Durante estos años, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia ha visto cómo los procesos avanzan y cómo los apoderados, ciudadanos y jueces han convenido los eventos en los que se requiere la presencialidad sin contratiempos, lo que ha superado los inconvenientes y las inquietudes respecto a la práctica probatoria en cada proceso. 

Adicionalmente, este consenso se plasmó en la Ley 2213 de 2022, que reconoce una realidad muy diferente a la que imperaba en el momento en que se plasmó la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

El retorno precipitado a la presencialidad, según la agremiación, afectará seriamente los derechos de los litigantes en materia penal y de los usuarios, y tendrá un efecto inmediato en la prestación del servicio, como un colapso en la programación de audiencias que supongan desplazamientos entre ciudades o cruces de agenda, asuntos que creíamos hacían parte de un tortuoso pasado.

Además, la decisión de volver a la presencialidad tendrá un impacto especialmente grave en la población especialmente protegida, como madres o padres cabeza de hogar, personas privadas de la libertad y víctimas de delitos que hoy gozan de la garantía de la gratuidad y de no confrontación.

Ante esta situación, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia hizo un llamado respetuoso a la Corte Constitucional para que se ponga fin a la desinformación y el temor que hoy existe, y divulgue la decisión tomada el pasado 3 de mayo. Asimismo, convocó a todas las agremiaciones a protestar por la eventual decisión.

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