Chiquita Brands declarada culpable en Estados Unidos por financiar paramilitares en Colombia

Después de 17 años de litigio, un jurado en Estados Unidos declaró culpable a la multinacional Chiquita Brands de financiar a grupos paramilitares en Colombia durante la década de 1990.

La compañía ya había admitido su culpabilidad por proporcionar fondos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) después de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la empresa realizó aproximadamente 100 pagos que sumaban más de US$1.7 millones a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas. Estos pagos se llevaron a cabo entre 1997 y 2004 con el propósito de obtener "seguridad privada" proporcionada por los paramilitares.

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Uno de los argumentos de los demandantes es que al financiar a los paramilitares, la empresa también "patrocinó" los actos cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, que incluyen homicidios selectivos, masacres, desplazamientos forzados y despojo de tierras. Las víctimas sostienen que las acciones de Chiquita Brands están directamente vinculadas con el conflicto armado en el país.

"Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años, para todos nosotros que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación; estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos; fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él", manifestó una de las víctimas.

La empresa argumentó que los pagos eran necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores y que no tenían fines ilícitos. Sin embargo, el jurado concluyó que la multinacional entregó dinero a sabiendas de los crímenes cometidos por el grupo armado ilegal.

Los US$1,7 millones que la empresa pagó a las AUC entre 1997 y 2004 aumentaron la presencia de paramilitares en el Magdalena y Urabá.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras la empresa financiaba a los paramilitares, en la región del Urabá se registraron 97 masacres, que resultaron en 607 víctimas. Esto ocurrió entre 1991 y 2011, años durante los cuales habitantes, líderes sociales, trabajadores y sindicalistas fueron asesinados.

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