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Caso UNGRD: Fiscal desmiente complot en contra de Sandra Ortiz

La fiscal María Cristina Patiño aclaró que no hay evidencias de complot ni de amenazas en el caso de la exconsejera para las regiones.

Audiencia Ortiz
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 18/12/2024 - 17:56 Créditos: Fiscalía General de la Nación / Audiencia concentrada contra Sandra Ortiz

Durante una audiencia ante la juez tercera Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, desmintió las versiones que apuntaban a un supuesto complot en el caso de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.

Patiño aseguró que Ortiz nunca mencionó que una mujer cercana al presidente Gustavo Petro estuviera detrás de un complot o tuviera vínculos con la fiscal general Luz Adriana Camargo. "Nada de esto fue puesto en conocimiento tampoco en oportunidad debida", afirmó la fiscal.

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Asimismo, Patiño indicó que, pese a los señalamientos sobre amenazas hacia Ortiz, no se presentó evidencia que respaldara estas acusaciones. 

"No se trajeron evidencias relativas a las amenazas sufridas de la señora Ortiz; si esto es así, pues nosotros en este momento no tenemos más conocimiento que la intervención que acaban de realizar el señor defensor y la señora Ortiz", sostuvo.

La fiscal también informó que las autoridades avanzan en la extracción forense de los computadores involucrados en la investigación, incluidos los de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Según Patiño, estos elementos forman parte de un conjunto de 60 dispositivos que están siendo analizados por la Fiscalía.

Finalmente, Patiño solicitó a la juez que mantenga la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ortiz. Esto en respuesta al recurso de reposición presentado por la defensa, que busca que Ortiz sea enviada a una guarnición militar en lugar de permanecer en prisión.

La exfuncionaria fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó en su momento. 

Los cargos están relacionados con el transporte y entrega de $3.000 millones que corresponderían al pago de coimas. La Fiscalía estableció que la exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la Ungrd y el entonces presidente del Congreso de la República, Iván Name.

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