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Carne de caballos y burros para proveer el Plan de Alimentación PAE
Los productos eran destinados a alimentar a niños y adolescentes. Evidencian red ilegal.
Como parte de una investigación que se sigue por la contaminación ambiental y el daño a los recursos naturales con el funcionamiento de una matadero clandestino en la vereda Sasa, en Chiquinquirá (Boyacá), la Fiscalía General de la Nación identificó a una red delictiva señalada de sacrificar reses, caballos y asnos para vender la carne en municipios de Boyacá y Cundinamarca, y a proveedores de programas públicos.
En diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional fueron capturados ocho de los presuntos integrantes de esta red .
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.
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La estructura delincuencial, al parecer, disponía de animales enfermos y en malas condiciones, sin contar con los permisos de ley y en medio de condiciones precarias de salubridad.
Esto generaba afectaciones al suelo y a las fuentes hídricas por el vertimiento de residuos de esta actividad.
Los elementos materiales probatorios indican que la carne obtenida sería embalada y trasladada sin mantener la cadena de frío y de conservación a bodegas de Cota (Cundinamarca) y Bogotá.
Desde allí, a través de un intermediario, presuntamente era vendida y distribuida a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros carcelarios, plazas de mercado y establecimientos de comercio.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, participó en las diligencias realizadas y constató que el producto ofrecido por esta estructura no era apto para el consumo humano.
Los procesados por estos hechos fueron identificados como:
Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, quienes serían los administradores de cuatro bodegas de beneficio animal clandestinas. El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
John Anderson Pineda Ortegón, sería trabajador de una de las bodegas; Gildardo Antonio Isaza Herrera, señalado intermediario; Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, empresarios y compradores. Ellos recibieron medida privativa de la libertad domiciliaria.
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