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Susana Muhamad, ministra de Ambiente ratificó macabros hallazgos que obligaron a cierre de Muelle 13

La funcionaria evidenció la situación real de las instalaciones portuarias en Buenaventura que derivaron en la decisión.

 cierre de Muelle 13
Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 11/01/2025 - 09:05 Créditos: Cierre de Muelle 13

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, expuso los hallazgos que evidenció la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, en el Muelle 13 de Buenaventura y que obligaron al cierre de sus instalaciones.

La funcionaria indicó que se detectó: Insalubridad alarmante en el almacenamiento de granos en descomposición, plan de Manejo Ambiental desactualizado desde 2002, estaciones de monitoreo ambiental inoperativas y residuos sólidos, aguas estancadas y abandono ambiental.

Aseguró Muhamad que ante los riesgos que comprometen la salud pública y el medio ambiente, la Anla impuso la suspensión de actividades, según Resolución 004 de 2025, una medida que explicó está respaldada por criterios técnicos y legales, y busca prevenir impactos irreversibles.

“Desde el @MinAmbienteCo trabajamos con rigor y transparencia para garantizar el bienestar ambiental y la sostenibilidad de Buenaventura. @MinAmbienteCo desarrolló una visita técnica al Muelle 13 el 06 de agosto de 2024 para revisar el estado actual de la operación y el estado del plan de manejo ambiental”, indicó Muhamad.

A este hecho adición fotos de la situación encontrada en el muelle. Estas fueron:

Foto 1: Cereales para consumo humano almacenados, los puntos negros son palomas. Insalubridad

Foto 2 y 3: Residuos de cereales en putrefacción y residuos mal manejados

Foto 4: sistema de transporte del muelle al barco a través de lonas. Mal manejo operativo.

El contraste

No obstante los argumentos de la ministra la Procuraduría tiene otra postura frente al caso.

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Recientemente, el Ministerio Público llegó hasta las instalaciones de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),  donde efectuó una visita administrativa para verificar las decisiones tomadas por la autoridad ambiental, en relación con la orden de suspensión de actividades del proyecto "Operación del Muelle 13 de Buenaventura". 

En medio de la diligencia, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, y el Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, requirieron información sobre los motivos que llevaron a la ANLA a tomar esta medida preventiva bajo la Resolución 00004 del 2 de enero de 2025, y revisar la competencia de la entidad frente al proyecto, así como el cumplimiento de los requisitos ambientales por parte del concesionario, Grupo Portuario S.A.

Culminada la jornada, el ente control manifestó su preocupación por la ausencia de un expediente completo con todos los documentos que justifican la medida preventiva adoptada por la ANLA, la falta de certeza sobre la totalidad de documentos aportados por la EPA Buenaventura, así como de los requerimientos realizados al concesionario, Grupo Portuario S.A., respecto al cumplimiento de los instrumentos de manejo ambiental.

También informó que se solicitó toda la información pertinente, e incluso ofreció documentación adicional que podría no estar incluida en el expediente de la ANLA. Además, anunció que realizará una visita técnica y administrativa tanto a la EPA Buenaventura como al puerto para verificar las condiciones actuales de operación del Muelle 13, así como su intervención en el procedimiento administrativo.

“Estamos valorando si hubo irregularidades en las actuaciones administrativas que llevaron a una decisión tan drástica como la suspensión de actividades del muelle. Nuestro interés es salvaguardar la continuidad del servicio público portuario mientras se garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental”, afirmó el Procurador Delegado, Gustavo Guerrero.

Finalmente, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la vigilancia preventiva para proteger el interés público y evitar posibles afectaciones en proyectos de alto impacto ambiental y económico, añadiendo que dicha función no implica interferir en las decisiones de las entidades públicas, pero sí garantizar que se sigan los procesos establecidos por la ley.

 

 

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