SIC sanciona empresas vinculadas al programa de refrigerios escolares en Bogotá

La Superintendencia de Industria y Comercio interpuso multas por un valor de $28.434.103.236 millones de pesos contra nueve empresas y 16 personas naturales por violar la libre competencia y cartelizarse en el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá del plan de Alimentación Escolar, PAE, entre los años 2007 y 2017.

Así mismo, la SIC sancionó igualmente a la Asociación Colombiana de Empresas Proveedoras de Alimentos, por llevar a cabo un sistema que limita la libre competencia en los procesos de selección contractual del Programa de Refrigerios Escolares.

Según la Superintendencia, existen pruebas de un acuerdo entre las empresas conocidas como Aerodelicias, Servicial, La Campiña, Catalinsa, Diseral, Ibeaser, Liber, Spress y SurColombiana, para eliminar cualquier competencia en los procesos de selección contractual del programa de alimentación.

De hecho, las empresas infractoras llevaban a cabo un proceder para afectar la libre competencia de 19 procesos de selección contractual. 

Las empresas llegaban a un acuerdo para repartirse las zonas donde estaba el contrato con el Distrito y con esto evitaban la competencia entre ellos al momento de participar por cada zona y adjudicar los diferentes procesos de selección.

“las empresas infractoras se abstuvieron de ejercer competencia entre ellas. En efecto, resultaron adjudicatarias en la mayoría de los casos como únicos oferentes y sin presión competitiva alguna, lo cual impidió al Distrito acceder a mejores precios en el marco de los procesos de selección”, indico la Superintendencia.

De igual forma, la SIC pudo esclarecer que los sancionados ejercieron actos encaminados a evitar que el Distrito modificara la forma de contratación a manera que buscaban incrementar la competencia en las zonas del programa de alimentación.

“Las empresas sancionadas utilizaron como vehículo de coordinación a la asociación ASOPROVAL, con la finalidad de mantener la estructura ilícita del acuerdo frente a los cambios de la entidad contratante, y así evitar que la estructura de los procesos se modificara en perjuicio de sus intereses”, añadió la SIC.

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