Exministros advierten sobre riesgos fiscales de la reforma del Sistema General de Participaciones

Un grupo de 25 exministros y exviceministros de Hacienda ha hecho un llamado al Congreso para frenar una reforma constitucional que, según argumentan, podría desestabilizar la economía nacional. En una carta dirigida a los legisladores, los antiguos funcionarios advirtieron que el aumento en los giros del Gobierno central a las regiones, pasando del 22% al 46.5% de los ingresos corrientes, pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal de Colombia.

La reforma, conocida como el Sistema General de Participaciones (SGP), ya ha pasado cinco de los ocho debates necesarios en el Congreso. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación tanto en el sector financiero como entre académicos y organizaciones como Fedesarrollo y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), quienes alertan que la medida podría convertirse en una “bomba fiscal” para el país.

Los exministros expresan que un incremento en los recursos regionales llevaría al Gobierno a incurrir en gastos adicionales en pensiones, salarios y otros rubros del presupuesto que difícilmente se podrían ajustar. Esto generaría, según indican, un ciclo de gasto e impuestos crecientes que solo aumentaría la deuda pública. Actualmente, el país enfrenta el reto de mantener la deuda en un nivel inferior al 55% del PIB, y este proyecto dificultaría dicho cumplimiento.

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Dentro del Gobierno, la propuesta también ha dividido opiniones. Mientras el Ministerio de Hacienda se ha manifestado en contra, preocupado por el posible impacto en las finanzas públicas, el Ministerio del Interior ha mostrado su apoyo a la reforma, defendiendo la idea de que se fortalecería la autonomía regional y se incrementaría la eficiencia administrativa a nivel local. El Ministerio del Interior ha instado a convocar un espacio de diálogo nacional para analizar el proyecto y explorar posibles transferencias de competencias a los municipios.

Los exfuncionarios advierten que un aumento en la deuda pública, derivado de un mayor gasto, podría llevar a una serie de consecuencias económicas negativas. Una deuda alta limita los recursos disponibles para inversiones esenciales y puede debilitar la confianza de inversionistas y calificadoras de riesgo en el país. Esto podría derivar en mayores costos de financiamiento, afectando el valor del peso y contribuyendo a la inflación al aumentar los precios de bienes y servicios importados.

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