Controversia en EPM: Crédito de vivienda del gerente bajo escrutinio

La empresa de servicios públicos EPM se encuentra en el centro de una controversia tras la reciente revelación de que su gerente, Jorge Andrés Carrillo, recibió la aprobación de un sustancial crédito de vivienda por valor de $348 millones, poco antes de concluir su periodo en la empresa. 

Esta situación ha suscitado un intenso debate y cuestionamientos sobre la ética y transparencia en la asignación de beneficios financieros dentro de la compañía.

La junta directiva de EPM, presidida en ese entonces por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, realizó modificaciones significativas en las políticas de crédito de vivienda de la empresa. 

Estos cambios, efectuados a principios del año actual, incluyeron la disminución de la tasa de interés efectiva anual del 6% al 4% y la reducción del tiempo mínimo de antigüedad en la empresa requerido para solicitar el crédito de dos años a uno.

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Estas alteraciones en las normativas han favorecido a Carrillo y potencialmente a otros altos ejecutivos de la empresa, según las acusaciones presentadas.

El sindicato de trabajadores de EPM y UNE (Sinpro) ha intervenido activamente, solicitando mediante un derecho de petición aclaraciones sobre las identidades de los funcionarios beneficiados con estos créditos y los detalles del proceso de aprobación. 

Específicamente, se busca comprender si Martha Lucía Durán, vicepresidenta de Finanzas e Inversiones de EPM, también se vio beneficiada por estos cambios.

EPM, en su respuesta oficial, confirmó la aprobación del préstamo para Carrillo, argumentando que las modificaciones en las tasas de interés y los requisitos de antigüedad se realizaron con el objetivo de igualar las condiciones ofrecidas a otros empleados oficiales de la compañía.

Esta situación ha generado un amplio debate público y ha planteado interrogantes sobre la gestión y los criterios de asignación de beneficios financieros en empresas públicas, especialmente en contextos donde las decisiones podrían beneficiar a altos cargos y funcionarios vinculados con la administración actual o pasada. 

La empresa, enfrentando cuestionamientos sobre la integridad y la equidad de sus procesos internos, se ve obligada a navegar por un escenario complejo de relaciones públicas y responsabilidad corporativa.

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