Caso Pegasus: suspenden a Colombia del Grupo Egmont

El Grupo Egmont, conocido como la "Interpol financiera", ha confirmado la suspensión oficial de Colombia tras la filtración relacionada con la presunta compra del software espía 'Pegasus'.

La medida fue tomada después de que el presidente Gustavo Petro divulgara información sobre una investigación en curso que involucra la supuesta adquisición de 'Pegasus' durante el gobierno de Iván Duque. 

Dicha transacción, que habría ocurrido a mediados de 2021, presenta indicios de irregularidades, incluyendo el presunto pago en efectivo y la falta de registro de la operación.

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En un documento firmado por Elżbieta Franków, presidenta del Grupo Egmont, se enfatiza que los miembros de las Unidades de Información Financiera (UIF) deben mantener su autonomía y su independencia operativa. 

"Deben estar libres de cualquier influencia o interferencia indebida de naturaleza política, gubernamental o industrial, para evitar comprometer su independencia y no exponer a los demás miembros a riesgos relacionados con la divulgación de datos sensibles o violaciones de confidencialidad", señala el comunicado.

Más allá de los detalles sobre la supuesta transacción y los usos del software 'Pegasus', son dos aspectos clave los que han provocado un profundo malestar en el Grupo Egmont.

Primero, la divulgación pública de un documento confidencial enviado por la IMPA de Israel, que estaba destinado únicamente a la Fiscalía General y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). La filtración de este reporte reservado violó los protocolos de seguridad establecidos por la organización.

Y en segundo lugar, el Grupo Egmont expresa su preocupación por la posible pérdida de autonomía e independencia operativa de la UIAF, un pilar fundamental para garantizar la transparencia y eficacia en la lucha contra los delitos financieros a nivel internacional.

La suspensión permanecerá vigente mientras se lleva a cabo una evaluación exhaustiva de la situación, lo que genera serias preocupaciones sobre la capacidad de Colombia para acceder a información clave en la lucha contra los delitos financieros.

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