Sin avances: Mocoa tras cinco años de la avalancha

La noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017 los pobladores de Mocoa, en el Putumayo, vivieron un desastre natural. La creciente de los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa provocó una avalancha que dejó más de 22.000 damnificados.

Entre los factores del desbordamiento se encontraron los malos manejos de alcantarillados y la deforestación de las cuencas que, junto a la temporada de lluvias, generó 600 milímetros de agua sobre la ciudad y sus alrededores.

Además de los estudios de Corpoamazonía y de la gobernación del Putumayo que anticipaban un evento como el ocurrido. Se advirtió sobre asentamientos inadecuados y se alertó a Mocoa por no tener actualizado su Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Las condiciones climáticas y la falta de prevención generaron una tragedia que terminó con la vida de 333 personas, otras 398 resultaron heridas, más de 70 no fueron encontradas y 22.310 quedaron damnificadas. A espera de ayuda del gobierno que cinco años después aún no se ven los resultados.

Antela emergencia en la capital del Putumayo, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, prometió la reconstrucción de Mocoa. Se planeó la construcción de 1.461 viviendas nuevas para los damnificados, de las cuales 1.209 serían urbanas y 252 rurales.

 

El objetivo era entregar las primeras 100 casas urbanas el 1 de abril tras la tragedia y en mayo se habrían adjudicado 200 más. Así las cosas, se proyectaba que en septiembre del 2019 se entregada la última casa y para julio de 2020 la reconstrucción estuviese terminada.

El director de la Unidad de Gestión del Riesgo de ese entonces, Carlos Iván Márquez, expresó que “A la población hay que entenderla. Cuando termine el proceso de la reconstrucción, sabemos que valorarán el esfuerzo”. Sin embargo, la reconstrucción no ha terminado cinco años después.

El 28 de octubre de 2021, la Contraloría General advirtió sobre el evidente retraso en la reconstrucción. Incluso afirmó que al ritmo en que se avanza, las obras terminarían en 2023, cuando se cumpla el sexto aniversario del desastre natural.

El contralor delegado para el sector de infraestructura, Luis Fernando Mejía solicitó “a las instancias del Gobierno nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres implementar prontamente las medidas necesarias y suficientes que permitan agilizar estas obras”.

Así mismo, la entidad hizo una revisión técnica del avance en las obras del nuevo hospital que se construye en Mocoa y las labores de mitigación de riesgos que se adelantan en los ríos rodean a la capital de Putumayo.

 

A su paso, la procuradora general, Margarita Cabello, manifestó su preocupación. Era evidente un “retraso absoluto” de las obras de reconstrucción. Tras cuatro años del desastre, la jefe del Ministerio Público, tras visitar el municipio, revisó el plan de reconstrucción y quedó no solo molesta, sino preocupada. En sus palabras aseguró:

“Quedo no solo molesta, sino preocupada porque lo que he visto en Mocoa es un retraso absoluto en las obras de reconstrucción. Después de cuatro años de ocurrido el desastre, seguiremos actuando y encima para que las obras avancen”.

Mientras tanto, las acciones legales se dieron y la Fiscalía señaló a la exgobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca, de no haber desplegado las acciones necesarias para evitar la tragedia que era previsible.

Así las cosas, fue señalada ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de homicidio culposo. Se destacó que la funcionaria presuntamente incurrió en omisiones que terminaron en la avalancha de Mocoa el 31 de mayo de 2017.

Por medio de un documento se expresó que Aroca “obvió las advertencias, controles y se abstuvo de realizar las actividades que le eran exigibles para evitar las consecuencias del fenómeno natural presentado entre el 31 de abril y primero de octubre de esa anualidad”.

 

Entre tanto, el 12 de febrero de 2021, la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó un informe donde reveló que hasta la fecha se habían entregado subsidios de arriendo temporal para apoyar a la población damnificada. Hasta entonces se había otorgado más de 5.771 subsidios de arriendo a las familias que perdieron su vivienda y serían entregados hasta que se haga entrega de la vivienda definitiva.

Se han pagado $ 8.915 millones confirmó la entidad. Además, frente al apoyo logístico, técnico y operativo en el suministro de agua se apoyó en la Reconstrucción del Acueducto de Mocoa con los recursos y negociación de servidumbres, necesarios para reactivar el mismo.

Así, se garantizó para febrero de 2021, el suministro de agua con la operación de 25 carrotanques, así como la entrega de 45.400 kits de alimentos por un valor de $ 9.188 millones. Es de resaltar que ante la emergencia, se recibió la donación de Emiratos Árabes por $19.690.929.675; de China se recibieron $2.854.900.000 y de Turquía $2.854.900.000.

De la misma forma, Claro donó $479.727.240; el Senado de la República donó $ 370.800.000 y Caracol $290.000.000 para un total de $37.494.174.018. Sin embargo, tras cinco años de la tragedia, el Putumayo sigue estando en la opinión pública y medios de comunicación. El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, advirtió que las obras de reconstrucción “ni siquiera se han iniciado”.

Lo que debería ser un avance, ha sido durante cinco años un plan que no se ha ejecutado. Entonces, “de no implementarse prontamente acciones remediales que sean efectivas, es altamente probable que este programa de reconstrucción no pueda ser terminado antes de febrero de 2024, es decir, casi cuatro (4) años después de lo planificado”, afirmó Córdoba.

 

Frente a la situación, el Contralor alertó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González, por los riegos de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa a los intereses públicos.

Pues no se han mitigado los riesgos ni se han concluido los proyectos de Infraestructura que conforman el Programa de Reconstrucción. Pero la situación sigue siendo crítica no solo por la situación de los que durante cinco años siguen damnificados sino por nuevas presuntas víctimas.

 

Polémica intervención militar en Putumayo

A los cinco años de la tragedia de la capital del Putumayo, hoy se le suma la polémica operación militar en Puerto Leguizamo. El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que el pasado lunes 28 de marzo resultaron muertos nueve presuntos miembros de las disidencias de las FARC y se dio la captura de cuatro más.

Por su parte, la Red de Derechos Humanos de Putumayo y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) rechazaron la versión oficial y denunciaron el presunto asesinato de campesinos y autoridades indígenas.

 

Entre las personas que fueron dados de baja se encuentra el presidente de junta de acción comunal Divier Hernández Rojas, su esposa y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. Ante las denuncias, el jefe de cartera de defensa expresó:

El Ejército informa que el operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos

 .@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima https://t.co/TSHk0j4Qhx pic.twitter.com/tWFDCnbmvO

 

Pues según habitantes del sector donde ocurrió la intervención militar, en el lugar se desarrollaba un bazar para recolectar dinero para su comunidad. A su paso, el ministro reiteró que “A los “inocentes civiles” se les incautó: arsenal de guerra; granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”.

Además, junto a un video evidenció que las personas contras quienes se había adelantado la operación cargaban fusil y tenían material de guerra. El candidato presidencial Gustavo Petro entró en la polémica y respondió que se trató de un “asesinato. No eran 11 integrantes de las farc, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños”. “Es un crimen de guerra de su gobierno”, le manifestó al presidente Duque.

La información más reciente que se conoce es que miembros de la Fiscalía General, por orden del Fiscal General Francisco Barbosa, ya llegaron al lugar donde ocurrió la muerte de las 11 personas para adelantar las respectivas investigaciones sobre el hecho. 

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