Cuando Daniela Gómez, viceministra de Defensa tildaba al Ejército como una institución criminal

En las últimas horas la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, ha sido el centro de una andanada de críticas por un mensaje que posteó en la entonces red social Twitter, hoy X, el 13 de julio de 2020, en la que calificó al Ejército como una, “institución criminal”.

“ Cuando el @COL_EJERCITO castiga a quien denuncia un abuso sexual contra menores y manda a quienes los cometen a cargos administrativos (caso Guaviare), demuestra que estos si son promovidos desde la institución. Es una institución criminal!”, señaló.

Sin embargo, la hoy funcionaria del Gobierno Petro, escribió ese mensaje motivada por un trino posteado por Martha Peralta Epiayú, hoy senadora del Pacto Histórico, en el que señalaba que el sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz que había denunciado a siete militares que habían abusado sexualmente de una niña de la comunidad Emberá, había sido retirado del servicio activo de la institución militar, posterior a esta denuncia.

Y es que mediante resolución 2817 del primero de julio de 2020, el entonces comandante de las Fuerzas Militares, el general Eduardo Zapteiro, excluyó de la institución al denunciante lo que en su momento generó una ola de indignación.

En la parte motiva de dicho acto administrativo se afirmó, “ Que el Comandante del Ejército, previa reunión del Comité de Evaluación para la aplicación del artículo 104 del Decreto Ley 1790 de 2000, cuya decisión quede consignada en el Acta N°. 022 registrada al folio N°. 107 del 27 de junio de 2020 recomendó el retiro discrecional del Sargento Viceprimero Díaz Díaz Juan Carlos, asi:

“ El Comité do Evaluación conforme lo dispone el artículo 104 del Decreto Ley 1790 de 2000, procede a analizar las circunstancias militares y otros aspectos del señor Sargento Viceprimero CAB. JUAN CARLOS DIAZ DIAZ identificado con cédula de ciudadanía N° 74.755.107 orgánico del Batalión de Alta Montaña N°. 5 egregado operacionalmente al Balalión de Artillería N°8 San Mateo", con sede en la ciudad de Pereira al momento de los hechos.

Es necesario tener en cuenta que para garantizar el cabal cumplimiento de la misión constitucional encomendada a las Fuerzas Militares, el personal de suboficiales debe enmarcar su comportamiento dentro de los siguientes parámetros:

El suboficial, debe ser para otros una pauta para actuar, con accionos acordes con las convicciones, los principios, los valores y la ética que rigen las actuaciones coherentes con lo que ha jurado defender y proteger cuando una persona escoge la carrera militar, debe tener en cuenta que la responsabilidad que libremente asume es doble: una consigo mismo y la otra con fodas las personas que lo observarán como el modelo por seguir con un comportamiento ajustado a lo correcto. Un soldado, es un hombre inteligente que sabe que el ejemplo es el modelo, el patrón, la huella y trascendencia para otros”

Es decir, una resolución aparentemente contradictoria teniendo en cuenta que el sargento viceprimero denunció uno de los hechos más deplorables perpetado por militares que tenían el deber de obrar conforme a la Constitución y la Ley, es decir, el de proteger a la población.

Dicho acto administrativo se profirió dias después de que el país se consternara con lo sucedido.

Y aunque en su momento se cuestionó la salida del suboficial, el entonces general Zapatero aseguró que si bien el sargento Diaz había denunciado el hecho, éste era el comandante en jefe de dichos militares y por lo tanto tenía el deber legal de impedir y evitar que dichos delitos se hubieran materializado

“Tal responsabilidad es mayor, máxime cuando era el comandante directo de la unidad a la que pertenecían los implicados. Denunciar es una obligación, pero prevenir (...) era su responsabilidad particular", dijo Zapateiro en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

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El contexto

El 21 de junio de 2021 en área rural de Puerto Rico, Risaralda, un grupo de siete uniformados secuestró y abusó sexualmente de una niña de 13 años de edad de la comunidad Emberá Katio.

La menor se había desplazado cerca a un colegio buscando guayabas para hacer un jugo. Cerca a dicha institución educativa pernoctaban los militares. Cuando ella regresaba a su casa, uno de ellos la llamó y la violó y luego llamó

En uno de los informes consignados en el expediente judicial, la menor narró cómo fue víctima del ataque sexual, “ por la mañana desaparecí de la casa, me fui a la escuela a coger guayabas, a las 6:00 de la tarde el comandante me dijo que me fuera para la casa. Yo ya iba para la casa y un soldado me llamó, empezó a decirme cosas, a tocarme", en ese momento, ocurrió el primer abuso sexual. "Llegaron otros, eran nueve, solo le vi la cara a tres porque estaba oscuro, uno me tapó la boca para que no gritara, me dijeron que era un secreto, que no dijera nada”, aseguró la menor.

La pequeña también señaló que fue despojada de su ropa interior, que a su primer atacante le manifestó que sentía mucho dolor y éste la soltó, pero los seis restantes hicieron caso que miso a sus súplicas.

Tras la agresión los soldados no le permitieron regresar a su casa, le construyeron un cambucha y le ordenaron permaneciera allí. Un soldado que no hizo parte de esa agresión fue quien la acompañó hasta su casa.

Cuando se recibió la declaración de la menor, la comisaría de familia denunció que la pequeña no están estudiando, carecía de tarjeta de identidad y tampoco estaba afiliada a ningún sistema de salud”.

Un año después y tras aceptar los cargos fueron condenados a 16 años de prision Juan Camilo Morales Povea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidía, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil, Deyson Andrés Isaza y Luis Fernando Mangareth quienes para ese momento estaban adscritos al Batallón de Alta Montaña en Génova (Quindío) y apoyaban al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.

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