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Más de 200.000 estudiantes en riesgo de perder sus estudios por crisis presupuestal en Icetex
Un déficit de $402.000 millones afecta con la continuidad de la educación de miles de estudiantes en Colombia.
El Icetex, principal entidad de crédito educativo en Colombia, atraviesa una grave crisis financiera que pone en riesgo la educación de más de 200.000 estudiantes universitarios. A pesar de que el Plan Anual de Caja (PAC) asignó $432.000 millones para 2024, el Ministerio de Hacienda solo ha desembolsado $30.000 millones, dejando un déficit crítico de $402.000 millones.
Desde agosto, los retrasos en los pagos a las Instituciones de Educación Superior (IES) han afectado la continuidad académica de miles de jóvenes. Además, las universidades y centros educativos, que dependen de estos recursos, enfrentan desafíos para mantener sus operaciones.
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En septiembre, el Icetex esperaba un giro de $328.000 millones, pero los recursos no llegaron. Según el Ministerio de Hacienda, los fondos solo se liberan si la documentación presentada cumple con los requisitos y si hay disponibilidad presupuestal. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por la congresista Cathy Juvinao, quien acusó al Gobierno Nacional de incumplir sus compromisos, afectando especialmente a los estudiantes más vulnerables.
“Lo que hoy hace el Gobierno Petro es una traición a su promesa de ampliar la educación superior en 500.000 nuevos cupos, pero además es violencia económica y psicológica contra una juventud cada día más angustiada sobre sus estudios y proyectos de vida. Hoy les da la espalda al desfinanciar al ICETEX con total negligencia frente a la responsabilidad de sostener la cobertura de una entidad que históricamente, le ha permitido a los colombianos estudiar y salir adelante”, expresó Juvinao.
La situación ha encendido alarmas en el sector educativo. La falta de soluciones estructurales amenaza no solo el futuro académico de miles de estudiantes, sino también la estabilidad de las IES. Expertos y actores políticos hacen un llamado urgente al Gobierno para garantizar los recursos necesarios y priorizar el derecho a la educación como un pilar fundamental del desarrollo del país.
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