Una grabación de un contratista interventor de una de las obras viales más importantes de la región, puso en evidencia al gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver en la solicitud de comisiones por adjudicar negocios públicos. Mediante esta, Hugo Posso detalló la forma en que el mandatario regional, le pidió el 15% por renovarle un millonario contrato de interventoría de una vía inconclusa; un negocio que abre otro capítulo reciente en la entrega de infraestructura oficial.
La presunta coima se presentó en el contexto de los cuestionamientos a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y aprobados mediante los Ocad, es decir, el órgano del Sistema General de Regalías responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión, que no cesan.
Uno de estos proyectos cuestionado por múltiples fallas y con acusaciones es el arreglo de la vía Las Tablitas-San Marcos, que comprende los municipios de El Roble, Caimito y San Marcos en el departamento de Sucre por $149.943 millones.
El propósito era el mejoramiento de la malla vial que comunica estos pueblos, consistente en el pavimento asfáltico del 40.96 kilómetros y la construcción de 10 puentes para mejorar la calidad de vida de 81.838 habitantes de la región.
El origen de la cuestionada obra es el artículo 18 del Acuerdo 43 del 6 de julio de 2017 mediante el cual se viabilizó, priorizó y aprobó dicha obra.
En este se determinó que la entidad ejecutora del proyecto sería el departamento de Sucre, y las fuentes de financiación serían el Fondo de Compensación Regional con un 60% equivalente a $127.848 millones y el Fondo de Desarrollo Regional con vigencia 2017 y 2018, así como las vigencias futuras 2019 y 2020. El plazo de ejecución estipulado fue de 24 meses y el puntaje que le otorgó el comité de adjudicación fue de 57,70 puntos.
Los firmantes que le dieron vía libre al proyecto fueron el entonces gobernador del departamento de Bolívar Dumek Turbay Paz, presidente del Ocad Región Caribe y Cecilia Arango Rojas secretaria técnica del organismo colegiado.
El Ocad de esa región estaba integrado para ese momento además del mandatario Turbay, por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de La Rosa, el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, el gobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad, el gobernador de La Guajira Weldeir Guerra, el gobernador de Sucre Edgar Martinez Romero, el gobernador del Magdalena Eduardo Arteta y el gobernador de San Andrés Albrun Corpus Robinson.
También de este hicieron parte cinco alcaldes, Augusto Ramírez Uhia de Valledupar, Jorge Cerchiaro de Barrancas, Argelis Hooker la delegada de Providencia, Andrés Vivero León de Corozal, Saúl Celis de San Martín y Nelys Romero de La Apartada.
Por parte del gobierno nacional estuvo conformado por Jorge Rojas del ministerio de Transporte, Rodolfo Beltran del ministerio de Vivienda, Luis Fernando Villota del ministerio de Hacienda y Miguel Ángel Sánchez Vásquez del Departamento Nacional de Planeación, DNP.
Hoy la realidad del proyecto es complicada. Cinco años después de su adjudicación presenta un avance físico del 48.78% y financiero del 66.26%, aunque estaba previsto que se inaugurara en dos años.
Las presuntas irregularidades iniciaron desde la etapa precontractual. El departamento de Sucre abrió el proceso de selección LP 010-2017, pero este fue revocado porque se omitió publicar en la plataforma de contratación Secop I. En concreto, junto con los pliegos definitivos, los estudios de suelos, de tránsito y hasta la memoria de cálculo de la estructura de la vía; el gobierno departamental contrario a la ley 80 emitió una adenda, tres días antes de finalizar el plazo para presentar oferta.
Posteriormente, semanas después, se volvió a publicar el nuevo proceso de selección con el número LP-004-2018, pero una vez más fue terminado anormalmente. Esto según, una auditoría, pues el acto de adjudicación fue revocado por errores en la calificación de la oferta económica, un hecho que no consagra la ley y que terminó por descalificar a un proponente que si había cumplido con los requisitos que lo habilitaban.
Con otro detalle, las interventorías a cargo de la obra evidenciaron que el incumplimiento se debió al bajo rendimiento y deficiencia del personal, insuficiencia en materiales y equipos. También se advirtió pasividad por parte del departamento de Sucre y por la Universidad de Cartagena, institución que además fue cuestionada por su capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos de interventoría.
Todo en materia técnica y jurídica. Pero quizás lo más cuestionable reposa en una grabación de 58 minutos en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, en la que el representante legal de la firma a la que se le adjudicó la interventoría, el Consorcio Vial TSM, integrado por Grupo Posso SAS con un 65%, Hugo Posso Prado con un 5% y el 30% de Consultores e Interventores Colombianos SAS, detalló las intimidades de la obra y la petición de un gobernador.
El representante del consorcio, Hugo Posso, en una reunión sostenida el 29 de agosto de 2021 entre consultores del proyecto, narró que tiene en su poder una grabación de un encuentro que sostuvo con el gobernador de Sucre, Hector Olimpo Espinosa Oliver, en donde confesó que ambos eran amigos.
Explicó que se conocieron cuando el mandatario de Sucre era el secretario de las denominadas juventudes amilkaristas y el contratista era el presidente, quien lo invitó a desayunar porque eran amigos y en un tono, que aún no sabe si fue chiste o fue en serio, el mandatario le pidió dinero y aseguró que eso lo deberá determinar la fiscalía.
"(…) A mí el gobernador de Sucre me quitó la interventoría, me dijo algo así como: Hugo todos los interventores amigos míos me ofrecen el 15% del valor de las interventoría. Hágale a mi no me meta en ese baile. Sí Hugo, pero lo que pasa es que desde el 1 de enero de 2021 hasta el día que usted termine va a facturar tanto y el 15% son $750 millones de pesos" aseguró el contratista que le había manifestado el mandatario.
Según Posso él rechazó la solicitud del gobernador "(…) no, no existe la más mínima posibilidad marica, no marica no, olvídese".
Esa sería la razón según el contratista por la que entró la Universidad de Cartagena, "hay un señor Antonio Díaz que es un subcontratista o el que pone la máquina o la Plata, un contador público es el que está haciendo eso" aseguró.
Este lunes y martes, la Agencia de Periodismo Investigativo, API envió sendas comunicaciones a los dos teléfonos móviles del gobernador Héctor Olimpo Espinosa, vía Whatsapp, con interrogantes sobre la grabación y la obra, pero el mandatario no respondió los mensajes.
En la obra que presenta un retraso de alrededor de dos años en su ejecución se han suscrito tres contratos, uno de obra y dos de interventoría.
Pasó por una extraña y tormentosa etapa precontractual en la que se revocó una adjudicación argumentando un error de calificación. Incluso en esta se asomó uno de los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, Inocencio Meléndez. Este actuó en nombre de uno de los consorcios perdedores Vías y Equipos San Marcos 2019, solicitando en noviembre de 2018 que se revocara la adjudicación al Consorcio Megavias 2018.
Un consorcio ganador que suscribió el contrato con la gobernación de Sucre el 23 de noviembre de 2018. Integrado por Gran Colombiana de Infraestructura SAS con con el 5% de participación; MYM Ingeniería y Construcciones SAS con el 30%, La Macuira Inversiones y Construcciones SA con el 40% y KHB Ingeniería SAS con el 25%. Con otro detalle, semanas después se realizó cesión de la participación de Macuira a Construcciones del Cesar SA.
Mientras que la interventoría inicialmente se le adjudicó al Consorcio Vial TSM por $14,988 millones, el representante legal de esta fue quien denunció que el gobernador le retiró dicho contrato por no haberle pagado el 15% del valor. Incluso en otra parte de la grabación denunció como le pidieron otros $2.000 millones.
Después de este episodio y argumentando que el contrato de interventoría había finalizado, a pesar de que la obra en cambio ha tenido varias suspensiones, adiciones presupuestales y serios retrasos de contrato de manera directa a la Universidad de Cartagena por $2.835 millones, este fue adicionado.
Se logró mediante otrosí por $865 millones más, para un total de $3.701 millones. Ello a pesar de la duda jurídica de que la institución académica tuviera la capacidad jurídica y de experiencia para tal fin, como lo evidenció un documento de auditoría al proceso.
Otros detalles ponen de presente los líos de la polémica obra. El valor inicial del contrato licitado fue de $149.855 millones, pero mediante el otrosí número dos se adicionaron $21.303 millones más.
Sin embargo, desde la suscripción del contrato se han presentado toda clase de falencias, desde los estudios y los diseños elaborados por la firma Gevial en el año 2013 y actualizados por la gobernación en 2017.
Las omisiones en la planeación derivaron en que se incorporarán 60 ítems adicionales lo que llegó a un incremento en las cantidades de obra del 6927%.
A ello se suma que desde la planeación no se buscaron fuentes de materiales que cumplieran con las especificaciones técnicas del Invias. Esto generó que por ejemplo, se tuviera la necesidad de buscar a mayores distancias e incurriendo en costos adicionales por transporte de materiales para la construcción del terraplén.
Adicionalmente, un año después de la suscripción del contrato, el 5 de noviembre de 2019 Jhon Manuel Oviedo, asesor del despacho de la oficina de contratación, remitió un comunicado al secretario de Infraestructura Departamental de Sucre, Antonio Peralta Sánchez solicitando emitir concepto para imponer multa por incumplimiento reiterado del contratista.
Y el entonces interventor del contrato Consorcio Vial TSM, mediante comunicado del 4 de octubre de 2019, emitió una alerta porque el avance de obra apenas era del 1.47%. Cinco días después requirió a Mega Vías para que informara el plan de acción para equilibrar el avance de obra.
De la misma forma, el 16 de octubre de ese año, la firma interventora volvió a requerir porque el avance de obra era del 1.2% equivalente a $1.923 millones; esto a pesar de que el anticipo pactado había sido del 15%, es decir, más de $20.000 millones
Pero otros movimientos enrarecen la obra. Por ejemplo, la empresa Ingenierías y Construcciones del Cesar SAS que fue constituida el 22 de junio de 2011 en Cartagena, cinco años después trasladó su domicilio comercial a Valledupar, bajo la representación legal de César Augusto Caraballo Rosendtand.
Una firma que en los últimos años ha suscrito dos contratos con el Estado sin integrar consorcio alguno. Uno el 20 de noviembre de 2020 con la Gobernación de La Guajira por $1.322 millones para el mejoramiento de las vías terciarias en los municipios del acuerdo de Paz o PDET. También suscribió un contrato con la gobernación de La Guajira, el 21 de abril de 2021 por $6.958 millones para el mantenimiento vial en placa huella.
Otra de las empresas que integran el consorcio es M&M Ingeniería y Construcciones SAS. Esta fue constituida en septiembre de 2016 en La Guajira y cuya representante legal es Tania del Carmen Celedón Ayure.
Según registros mercantiles consultados por esta Agencia, con el 25% de participación aparece una empresa embargada. Se trata de KHB Ingeniería SAS constituida el 1 de abril de 1998 en la notaría sexta de Cartagena y representada legalmente por Joaquín Antonio Ríos Ayola.
Con varios líos legales. Desde el 2017 la razón social viene siendo objeto de embargos y medidas cautelares decretadas por diversos juzgados del país. Por ejemplo, el 25 de octubre de 2017 el Juzgado Octavo Civil Municipal de Montería ordenó medida cautelar, luego, en septiembre de 2018, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá.
Los registros de demandas más recientes son del 5 de mayo de 2022 por parte del Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá y el 6 de septiembre de 2022 proferido por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá.
El representante legal del Consorcio Mega Vías 2018, al que le adjudicaron la obra luego de haber revertido dos veces el proceso es Anthony Wong Lorduy. En el año 2018, su nombre fue mencionado cuando la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar llamó la atención, porque en julio de ese año la Alcaldía de Cartagena suscribió convenios con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, Edurbe, que a su vez estaba adjudicando las principales obras mediante contratación directa.
En su momento se cuestionó que la alcaldesa encargada de Cartagena Yolanda Wong Baldiris, estableció que se pagará el 100% de manera anticipada del convenio. De hecho, el 23 de julio de ese año Edurbe invitó a tres personas para presentar propuestas para la realización de obras.
A la convocatoria dos días después dos se presentaron y el ganador fue el Consorcio Vial Distrital representado por Antony Wong Lorduy. Este estaba integrado por CGB SAS y Construcciones Caribe, cuyo aporte era la certificación de experiencia de obras realizadas en el departamento del Cesar.
En cuanto a la primera interventoría el Grupo Vial TSM, integrada por el Grupo Posso SAS con un 65%, Hugo Posso Prado con el 5% y Consultores e Interventores Colombianos con el 30%, representados por Hugo Posso quien hace una serie de señalamientos en contra del gobernador de Sucre, también registra detalles contractuales.
La empresa Grupo Posso SAS fue constituida mediante escritura pública 1815 el 18 de mayo de 1987 por José Manuel Latorre Garavito y Margarita María Domínguez de Latorre, bajo la razón social L.G Consultores y Asociados Limitada.
El objeto social original era la consultoría y asesoría técnica, administrativa y económico financiera. Años después, el 10 de octubre de 2006, mediante escritura pública 6343 se reformaron los estatutos y se cedieron cuotas accionarias.
Los entonces socios Edgar Osorio Lentino, Jorge Hernando Izquierdo Sánchez, Agustín José Ignacio Vergara Andrade y José Manuel Latorre Garavito cedieron al mismo Latorre Garavito, Hugo Alfredo Posso Moncada y Juan Jerónimo Ramírez Bautista, asimismo, aumentaron el capital social a $30 millones.
Al año siguiente, se volvió a realizar una nueva cesión de cuotas por parte de Latorre Garavito a Juan Jerónimo Ramírez Bautista que quedó con el 20% de participación y Hugo Posso con el 55%.
A partir de enero de 2014, la sociedad ya se denomina Grupo Posso SAS quien a su vez ejercía control sobre otra sociedad denominada INSAMI SAS, el cual tenía como socios a Hector Adolfo Posso Prado con el 15%, Hugo Alfredo Posso Prado con el 10% e Ingeniería Moncada Guerrero con el 5%.
En el año 2015 se registró otra situación de control frente a la empresa Ingeniería Azteca para Colombia SAS cuyo único accionista es Grupo Posso SAS. Este consorcio dio el visto bueno a la viabilidad de la prórroga realizada mediante otrosí número uno.
El pasado 28 de julio, el cuestionado contratista Consorcio Mega Vías 2018 solicitó mediante oficio CMV018-870-2022 una nueva suspensión del contrato, la nueva firma interventora la Universidad de Cartagena avaló dicha solicitud.
La última semana de noviembre la secretaria general del departamento de Sucre, Jenny Lindo Díaz, suscribió el acta de reinicio número 4 del contrato y prorrogó por seis meses más la obra. Así un contrato que se suscribió en el año 2018, ha tenido cuatro suspensiones, cuatro reinicios, dos firmas interventoras, dos prorrogas y una adición.
Lo evidente es que una obra que buscaba el mejoramiento vial y de calidad de la vida de los habitantes del departamento de Sucre sigue en entredicho, con un gobernador que guarda silencio y no responde a los señalamientos de una jugosa comisión, frente a la ausencia de una investigación en ambos casos.
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