A pocos días de los comicios que buscan elegir mandatarios locales y regionales, el dos veces gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas arremete para salir de prisión. Su defensa solicitó al juzgado 27 de Ejecución de Penas que le otorgara la libertad condicional en razón a haber cumplido las tres quintas partes de la condena de 88 meses de prisión, por el pago de millonarias comisiones dentro del denominado carrusel de la contratación en Bogotá.
Frente a la mayoría de condenados, Cruz no la pasa mal. Registros en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, dan cuenta que el exgobernante ha pagado cuatro años en prisión, el último de ellos en casa.
El otrora cacique electoral del departamento corazón del país, a quien señalan de ser el mentor e impulsor del actual gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien fuera director del Instituto de Acción Comunal en esa administración, renunció a su cargo cuatro meses antes de finalizar su mandato.
Fue el 6 de octubre de 2015, cuando la Fiscalía le imputó a Cruz el delito de cohecho por dar u ofrecer y celebración indebida de contratos. Un caso que se deriva de la firma de un convenio en 2009 por $24.000 millones entre la Unidad de Mantenimiento Vial y una unión temporal de la que hizo parte la empresa ICM Ingenieros, vinculada al exmandatario.
Con la negativa inicial y la evidencia de futura vinculación al caso de su esposa Luz Zoraida Rozo, quedó contra las cuerdas. Acorralado también por pruebas y testimonios de los contratistas Emilio Tapia, Manuel Sánchez, Julio Gómez y el exconcejal Hipólito Moreno, el exgobernador se allanó a cargos.
En concreto, reconoció que el 2 de diciembre de 2009 pagó alrededor de $700 millones en coimas a los entonces concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado y Orlando Parada para que le fuera otorgado el millonario contrato.
Recluido en el patio Ere sur de la penitenciaria La Picota, con una condena a 88 meses y 26 días de prisión y al pago de una multa de 189.75 salarios mínimos legales mensuales, el exmandatario departamental inició sus actividades de redención de pena.
Comenzó por la famosa granja de lechugas y cilantro en donde los privados de la libertad con fuero constitucional, es decir, altos funcionarios del Estado, entre los que se cuentan congresistas, gobernadores y ministros procesados por parapolítica o corrupción, purgan su pena sembrando hortalizas de clima frío.
Con otro hecho superado como es el incidente de reparación integral, es decir, la reparación económica a la víctima, en este caso la Unidad de Mantenimiento Vial, mediante la constitución de un título judicial por $33’360.000. Un trámite que fue suficiente para que la Contraloría de Bogotá y el abogado de la entidad distrital aceptaran esta cifra como indemnización y desistieran de la audiencia del incidente.
Para el 24 de septiembre de 2017, el juez ya le había reconocido 24 meses y nueve días como parte de su pena. Dos meses después, su abogado ya estaba radicando solicitud del beneficio administrativo de hasta 72 horas, es decir, un permiso de salida por este término cada 60 días durante el primer año de reclusión y luego cada mes, hasta el fin de su condena.
Un beneficio regulado por la ley 65 de 1993 como parte del proceso de resocialización y arraigo de las personas condenadas. No obstante, apenas una semana después su defensor desistió de la petición pues aún no cumplía el tiempo establecido.
El tiempo en prisión del exgobernador Cruz continuó avanzando. De hecho, el 31 de enero de 2018 se le reconoció una nueva redención de pena de cinco meses y 23.75 días. En contraste, el juez no avaló otras 567 horas certificadas por el Inpec, porque sobrepasaba las estipuladas en la ley penitenciaria, de máximo 48 horas semanales.
Dos meses después se aceptó una nueva redención por trabajo de un mes y 5.43 días. Con 30 meses reconocidos como pena, el 2 de abril de 2018, su abogado le solicitó al juez de ejecución de penas la suspensión de la pena por enfermedad grave. Tres semanas después, Cruz ya tenía asignada fecha para la valoración en el Instituto de Medicina Legal.
Entre agosto y noviembre de 2018, el exfuncionario recibió dos buenas noticias. El juez le concedió el beneficio administrativo de hasta 72 horas y le concedió la medida sustitutiva de prisión intramural por domiciliaria. Amparado en un concepto de Medicina Legal que determinó que el excongresista y exgobernador del Partido Liberal, padecía de una grave enfermedad que impedía continuar su vida en reclusión.
Vendría luego un nuevo control del Inpec a su domicilio, con una sorpresa. En la tercera visita que realizó a su sitio de residencia no lo encontró. En virtud a ello, el juzgado le solicitó al exgobernador explicar porque había transgredido la prisión domiciliaria. Al respecto, la defensa argumentó que había estado hospitalizado y que había reportado la novedad al área de domiciliarias del penal donde está adscrito, La Picota.
En momentos, en que pensaba salir en pleno debate electoral, en donde sus herederos políticos, Jorge Rey y Nicolás García, este último sin rival en su aspiración de ser el nuevo gobernador de Cundinamarca, parece que a Cruz le fallaron las cuentas.
Con auto del pasado 6 de septiembre el juez decidió no revocar la medida sustitutiva de prisión y ahora estudia la solicitud de libertad condicional que presentó el otrora hombre más poderoso de Cundinamarca quien se enredó en las redes del carrusel de la contratación de Bogotá con el pago de millonarias comisiones.
