Ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Sincelejo, la fiscalía imputó los delitos de homicidio agravado, tortura, privación ilegal de la libertad y ocultamiento de elementos materiales probatorios a 10 integrantes de la Policía señalados de los tres crímenes extrajudiciales en el corregimiento de Chochó, Sucre, el pasado 25 de julio.
La trágica historia inició en una panadería y heladería en Sampues, Sucre, denominada Jafet 2. Eran las 5:11 p.m., del 25 de julio. Un hombre vestido de azul que se movilizaba en una motocicleta roja desenfundó un arma y asesinó al patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón.
El país y los departamentos costeros estaban en vilo por el plan pistola activando en contra del Ejército y la Policía por el grupo narcotraficante Clan del Golfo. La muerte del uniformado se regó como pólvora en la zona. Dos minutos después, luego de una llamada a la central de radio, la Policía de Sincelejo activó un plan candado, la consigna era evitar la fuga del autor del crimen del patrullero.
A 12.72 kilómetros donde quedó el cuerpo sin vida de Ruiz Rincón, en la vía de las Palmas, en Sincelejo, cerca al parque ecoturismo de Bellavista, un grupo de jóvenes realizaban acrobacias con sus motocicletas.
En una de las volteretas en el aire Jesús David Díaz se lesionó la rodilla izquierda. De inmediato, su amigo José Carlos Arevalo tomó su motocicleta boxter azul. Fueron hasta la casa del primero, recogieron a su hermana hacia las 5:30 p.m. y se trasladaron hacia el hospital.
En la interceptación de la vía que conduce de Sincelejo a Chochó, en la T o cruce de la muerte, los tres jóvenes que se desplazaban en la moto paradójicamente encontraron la propia.
En este lugar y en desarrollo del plan candado, la policía de Sincelejo ubicó un retén. Cuatro funcionarios adscritos a la Policía de Infancia y Adolescencia, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Diana Marcela Puerta Rodríguez, Bernardo Portón Mercado y Leila Carolina Avila Pestana, le hicieron la señal de pare a los jóvenes.
Minutos después llegó Carlos Alberto Ibáñez en una motocicleta negra e increpó a los uniformados. Les reclamó por qué tenían retenidos a sus amigos, les pidió que les mostrara la respectiva orden de captura o en su defecto le informara cuál había sido la flagrancia. La respuesta que recibió de los policiales es que también fue retenido.
Allí los jóvenes siguieron las órdenes de los uniformados. Se tendieron en el piso boca abajo y de inmediato fueron golpeados. Los cuatro policías, a través del radio de comunicaciones de dotación, pidieron apoyo a otras unidades.
De inmediato irrumpió una camioneta Nissan Frontier, usada con los logotipos de la Policía Nacional e identificada con el numeral 55-0840. La oficial Maria Camila Buriticá descendió del vehículo.
Hasta ese momento era la de mayor rango y grado que llegaba al lugar. Era subteniente y comandante del CAI, La Ford de Sincelejo. Con ella, llegaron tres patrulleros más; Jesús Maria Bolaño Castro quien conducía el vehículo, Rafael Paz Barboza y Santiago Garavito Díaz escoltas de la oficial.
Para ese momento los retenidos en estado de indefensión ya presentaban hematomas por golpes con objetos contundentes y heridas con elementos corto punzantes. A los ocho uniformados que tenían sometidos a las tres personas se sumaron otros tres policiales.
En otra camioneta Nissan Frontier identificada con logo símbolos de la Policía y con el numeral 55-0837 irrumpió el Teniente Coronel, Benjamín Núñez. Era el tercero en importancia, con mas de 20 años en la institución en condición de comandante operativo del departamento, técnicamente conocido como J3.
Pero no llegó solo. El patrullero Yamit Henao Araque quien conducía el vehículo y Álvaro Antonio Álvarez Ricardo patrullero escolta del alto oficial, lo acompañaban.
Con la caída de la tarde empezó el horror para los jóvenes. Faltando un minuto para las 6:00 p.m, los tres hombres fueron subidos a una camioneta de platón conducida por el patrullero Bolaño, la copiloto era al subteniente Buriticá y en el platón yacían los patrulleros Garavito, Paz y el Coronel Núñez.
El vehículo por orden del coronel Nuñez según las declaraciones de los uniformados, se desplazó por la vía troncal hacia Corozal. Uno de ellos Carlos Ibáñez incluso tenía las manos amarradas.
Minutos después se desviaron por la vía que de Las Palmas conduce a Sincelejo, es decir, la más larga, distante y deshabitada. Sin mediar palabra el Coronel Núñez desenfundó su arma, una Sig Sauer 9 mm con serie 24B065545 y la disparó en siete oportunidades.
Tres impactos de bala en contra de Ibáñez en un brazo, abdomen y tórax, un nuevo disparo en contra de José Carlos Arevalo en el tórax y tres disparos en el tórax a José Carlos Arevalo.
Dieciocho minutos después de haber subido a los jóvenes al platón de la camioneta, llegaron a la clínica Maria Reina de Sincelejo, nada pudo hacer el cuerpo médico; los tres estaban muertos.
Durante los tres días siguientes, el patrullero Bolaño se dedicó a ocultar evidencia. Contrató a un mecánico para que eliminara los orificios de la camioneta oficial dejados por los disparos que propinó el Coronel Núñez.
Algo similar hizo el patrullero Uber Mieles quien elaboró y firmó el oficio GS-2022 dirigido al capitán Jesús Scarpetta, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de Sucre, en donde le reportó, lo que según él, había sucedido aquel 25 de julio, pero con una versión contraria a lo sucedido.
A todos se les imputó el delito de privación ilegal de la libertad por el tiempo en el que tuvieron retenidos a los jóvenes sin que mediara orden de captura de un juez de garantías o que en su defecto está se hubiera efectuado en el momento en que estas personas hubieran cometido algún delito.
La otra conducta reprochada por la Fiscalía es la de tortura por los golpes que les propinaron a los tres jóvenes. Este delito está tipificado en el artículo 178 del Código Penal, que establece que quien inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión o de castigarla por un acto cometido o que se sospeche hubiere cometido incurrirá en prisión de 128 a 270 meses, pero estas se aumentan en una tercera parte en el caso que sean ejecutadas por un servidor público.
Y esta es precisamente la teoría de la Fiscalía, que la privación ilegal y los golpes propinados a los jóvenes, los uniformados lo hicieron como venganza porque creían que estos pertenecían al Clan del Golfo y habían sido los autores del crimen de su compañero.
El ente acusador realizó 190 actividades de investigación entre testimonios, peritajes, necropsias, y más de 40 órdenes de policía. Los policías imputados en su mayoría son jóvenes y sin antecedentes y se enfrentan a penas entre 30 y 50 años de prisión.
La de mayor rango, Maria Camila Buriticá tiene apenas 23 años, nació en La Unión, Valle y se graduó como subteniente el 1 de diciembre de 2020, luego de haber estudiado tres años en la Escuela de Cadetes. A ella se le imputó el delito de homicidio agravado por dos circunstancias, una de ellas su jerarquía en calidad de coautora en concurso homogéneo y sucesivo con los delitos de privación ilegal de la libertad con tres circunstancias de mayor punibilidad y una de menor.
En el caso de Jesús Maria Bolaño Castro, es oriundo de Sabanalarga, Atlántico tiene 30 años y es patrullero desde el 3 de septiembre de 2015, registra denuncias por delitos de fabricación, tráfico y porte de Armas así como daño en bien ajeno. Le fueron imputados los mismos delitos que a Buriticá.
Rafael Paz Barboza, tiene 20 años nació en San Onofre, Sucre, se graduó como bachiller el 6 de diciembre de 2019 y como patrullero de la Policía apenas un mes antes de ocurrir los hechos que hoy lo tienen al borde de 30 años de prisión. Es patrullero desde el 16 de junio de 2022, no tiene denuncias en su contra. Se le imputó los delitos de homicidio agravado como coautor en concurso con privación ilegal de la libertad.
Santiago Garavito Díaz Díaz, también tiene 20 años nació en San Andrés de Sotavento, Córdoba, se graduó de bachiller el 12 de diciembre de 2018 y como patrullero el 31 de mayo de 2022. Estaba en comisión de servicios en Sucre por apenas un mes, entre el 28 de junio y el 1 de agosto. Tiene dos denuncias en su contra, por inasistencia alimentaria y por abuso de confianza. Se les imputó los mismos delitos que a Buriticá y Barboza.
En cuanto a Yamit Alfonso Henao Araque tiene 36 años, nació en Sincelejo, Sucre tenía el cargo de conductor adscrito al Comando Operativo de Seguridad Ciudadana. Se graduó de bachiller en 2004 y como Patrullero el 15 de octubre de 2009. Los delitos que se le imputaron fue favorecimiento y privación ilegal de la libertad, agravado.
Con respeto a Álvaro Antonio Álvarez Ricardo, es uno de los más antiguos del grupo de imputados. Tiene 41 años, nació en Sahagún, Córdoba, hace parte del Goes, Grupo de Operaciones Especiales. Se graduó como patrullero el 10 de octubre de 2003. Tiene denuncias en su contra en fiscalía por daño en bien ajeno, y tiene la calidad de indicado por abuso de autoridad en Sincelejo en donde el denunciante afirmó que este lo había golpeado el 10 de diciembre de 2017.
Uber Guillermo Arroyo, es otro patrullero experimentado. Tiene 43 años nació en Sincelejo Sucre. Está adscrito al Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia. Se graduó como bachiller el 5 de diciembre de 1999 y como patrullero el 2 de mayo de 2006. Estaba asignado a la Policía de Sucre desde agosto de 2013.
A este patrullero se le imputó el delito de coautor del delito de tortura, en concurso homogéneo y sucesivo con el delito de Privación Ilegal de la Libertad y con el delito de falsedad ideológica en documento público.
La otra mujer imputada además de Buriticá, es Diana Marcela Puerta Rodríguez. Tiene 32 años, es soltera y nació en La Dorada, Caldas. Está adscrita al Grupo Protección de Infancia y Adolescencia. Se graduó como bachiller en diciembre de 2005 y como patrullera en 2013.
Tiene una denuncia en su contra por hurto en donde afectados con un procedimiento de desalojo ordenado por la alcaldía este año, la señalaron a ella y sus compañeros de la pérdida de unos elementos pero no describieron cuáles. Fue imputada como coautora de tortura en concurso homogéneo y heterogéneo con el delito de privación ilegal de la libertad agravado por dos circunstancias.
El otro patrullero reprochado por la justicia es Bernardo Portón Mercado tiene 33 años, nació en Sincelejo, Sucre. Se graduó como bachiller el 1 de diciembre de 2007 y como patrullero un año después. Desde 2008 integra el Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia. Las anotaciones que tiene en Fiscalía, es como víctima de hurto e injuria. Ahora se enfrenta a una imputación de coautor de tortura, en concurso por privación ilegal agravado con dos circunstancias.
Finalmente, Leila Carolina Ávila Pestana tiene 35 años, nació en Lorica, Córdoba. Se graduó como bachiller en 2009 y ese mismo año también como patrullera. Está adscrita al Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia. Desde el 15 de octubre de 2009 estaba adscrita a la Policía de Sucre.
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