Inició un nuevo capítulo en el caso jurídico del senador Armando Benedetti. La Fiscalía General informó sobre las cautelares sobre ocho inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta), cuya titularidad estaría a nombre de Armando Alberto Benedetti Villaneda, Rubi Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro.
De la misma manera, se afectaron con medida cautelar 100 millones de pesos, al parecer correspondientes a un leasing financiero contratado por Benedetti Villaneda. Así, los predios afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro están avaluadas en más de $8.000 millones, lo que evidenciaría un posible incremento patrimonial injustificado.
Según las autoridades, el material probatorio evidenció que presuntamente Benedetti realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido justificar. Por su parte, el senador informó que la Fiscalía tomó una decisión "sospechosa, desmedida e ilegal de extinción de dominio contra el apartamento de Altos del Retiro por hechos acaecidos mucho antes de ser propietario".
En medio de la situación jurídica actual, cabe recordar que a Ruby Corredor Díaz, la Fiscalía le imputó los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. No pudo justificar el origen de $1.600 millones para la compra de un apartamento que adquirió mediante subasta. Meses después lo vendió al senador Armando Benedetti. Paradójicamente, según argumentó el ente acusador, el parlamentario pagaba la cuota de administración mensual antes que se realizara el traspaso.
Este es uno de los detalles que tiene dando explicaciones públicas al polémico congresista quien desde hace varios años afronta cuestionamientos de los cuales ha salido avante y ratifica que la transacción fue legal. Sin embargo, esta vez el negocio con Corredor Díaz, una mujer de recorrido en el sector público mutando de labores, lo tiene contra las cuerdas.
Se trata de una comunicadora social de la Universidad Central quien se desempeñó hasta el 31 de diciembre pasado como asesora de comunicaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro. Inicialmente, en la administración de Jairo Mesa quien fue relevado en octubre del año pasado ante el cambio de gobierno y luego con Ruben Silva Gómez, actual superintendente.
Dentro de sus funciones, de acuerdo con el contrato 841 de 2018, Corredor Díaz pactó asesorar la implementación de un plan de comunicaciones sobre el proyecto de tierras. Asimismo, apoyar a los directivos y servidores públicos en la materia, establecer relaciones con los medios de comunicación y dar a conocer a la ciudadanía los avances de la iniciativa. Un contrato que fue suscrito por Beatriz Helena Galindo Lugo como secretaria general encargada de la Superintendencia.
Corredor Díaz tiene una historia laboral que comenzó con desempeño en otro tipo de actividades. Por ejemplo, en marzo de 1999, trabajó como secretaria general de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, Acorpol. De allí pasó a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el cargo de profesional especializado que ocupó hasta noviembre de 2003.
Posteriormente, en 2010, asumió como representante legal de la Empresa Byda Colombia que se dedica a la comercialización de prendas de vestir. Tras un breve paso allí, a los cuatro años siguientes no registró oficialmente actividad laboral alguna.
Pero en 2014, la fortuna laboral le sonrió de nuevo. Fue designado como ministro de Justicia, el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez. Entonces Corredor Díaz retornó al sector público para desempeñar labores de comunicación.
En concreto, obtuvo varios contratos en el periodo comprendido entre el 23 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2018. El primero de ellos, el 0115 de 2014, con el propósito de apoyar la oficina de Información en Justicia. Un convenio que se prorrogó por dos meses más a fin de, entre otras funciones, de preparar, coordinar y presentar un documento para la difusión de información y la promoción de la entidad y del sector.
Para el año 2016 el contrato de Corredor tuvo una variación en sus funciones ahora encaminadas en la lucha contra en narcotráfico. Pasó a brindar apoyo en el fortalecimiento de relaciones con entidades públicas, entes territoriales y demás socios estratégicos a fin de socializar de los lineamientos para la revisión de la política antidrogas, la estrategia de cooperación internacional y la regionalización de la política de drogas.
En el mismo sentido, en la realización de foros de discusión sobre la problemática y la política de drogas en Colombia. Además, con otro rol trascendental, asistir y participar en representación de la Dirección de Política contra las Drogas y actividades relacionadas del ministerio de Justicia y del Derecho.
En total, los honorarios percibidos por Corredor ascendieron a $211’648.693, según registros públicos revisados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API. Recursos que obtuvo gracias a que logró continuidad en sus funciones a pesar de que en ese lapso de prestación de sus labores pasaron tres ministros en la cartera de justicia.
Pero todo comenzó a cambiar para la comunicadora el 12 de octubre de 2018. Un mes después de haber suscrito uno de los referidos contratos con la Superintendencia de Notariado y Registro por $36 millones, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF elaboró el informe de inteligencia 9429 que meses antes empezó a detectar movimientos raros en sus cuentas.
“La presente información nace a partir del caso 9429, entregado a la Fiscalía General de la Nación el pasado 5 de octubre de 2018. Según radicado 51909 de la UIAF en relación con personas naturales que al parecer participaron en los desfalcos de la educación en el departamento de Córdoba”, se advierte en el informe de nueve páginas en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Los líos de Ruby Corredor Ruiz se iniciaron con la compra de un apartamento en el sexto piso ubicado en una exclusiva zona de Bogotá, en el Conjunto Residencial Altos de Retiro. Los primeros dueños del apartamento fueron Cecilia Cendales de Gaitán y Félix Gaitán Molina quienes los compraron en 1991 directamente a la constructora Altos de Retiro Ltda cuyos accionistas fueron Phanor Arizabaleta y Hélmer Pacho Herrera.
Seis años después de la compraventa, el 4 de marzo de 1997, en un operativo en cabeza del entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y una comisión de fiscales sin rostro, incautaron 55 propiedades del señalado narcotraficante Guillermo Ortiz Gaitán y el denominado clan Cendales.
Ese día, se ocuparon con fines de extinción de dominio 15 apartamentos,17 lotes, dos locales, dos depósitos, una casa, cinco inmuebles rurales y dos granjas. En su momento se hizo público que en uno de los apartamentos de la constructora Altos del Retiro, se halló una caleta, “parecida a la que utilizaban los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela” indicó para la época, el general Luis Enrique Montenegro Rinco, entonces director del DAS.
El inmueble construido por la mafia y vendido a la mafia pasó al fondo administrador de bienes incautados al narcotráfico, Frisco. Luego de la sentencia del Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, en el que extinguió el dominio del bien y que luego fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 19 de diciembre de 2003.
Un análisis financiero a Ruby Corredor con corte al año 2007 detalla sus movimientos bancarios. En cuentas y acciones $74’255.236, discriminadas así: $10’322.679 en ahorro voluntario del Fondo de Pensiones Colseguros; $13’065.500 en una cuenta de ahorro del Banco Davivienda; $648.042 del banco Bancolombia; $120.149 en otra cuenta del mismo banco y $50 millones en acciones de la Empresa Byda Colombia SAS.
Este fue uno de los puntos que llamó la atención de las autoridades financieras. No es frecuente que personas sin grandes respaldos económicos se interesen en bienes que fueron de la mafia, no solo por su precio si no por temor a las represalias de sus estructuras delictivas. Sin embargo la comunicadora si se interesó por este particular bien y lo compró en el año 2010 por $1.600 millones.
Los ingresos que informó la mujer a 31 de diciembre de 2008, ascendieron a $100.510.512. Todos, reportados como ingreso por salarios y pagos laborales por la sociedad Byda. “(...) los ingresos declarados en renta no corresponden con los reportados por terceros en exógena, hallándose una diferencia de $400’328.488” estableció el informe de la UIAF.
Ese mismo año, la empresa Distribuidora Toyota SAS reportó la compra de un vehículo por parte de Ruby Corredor por $107 millones, de los cuales pagó en efectivo $87 millones.
Al año siguiente, la comunicadora declaró renta con un patrimonio bruto de $1.975 millones y pasivos por $1.613 millones, lo que generó un patrimonio líquido de $361 millones. También se registró ingresos brutos operacionales de $122’785.000, códigos y gastos de $50’670.000 y una renta líquida de $72’115.099.
Así las cosas, los pasivos de Corredor pasaron de $72’909.675 a $1.411 millones. La sociedad Beltranico Ltda fue la que reportó dicho préstamo por $1.126 millones. Dicha sociedad, según se establece en registros de Cámara de Comercio, se dedica a las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados y al comercio al por mayor de calzado.
Una particularidad más se suma a este caso. El represente legal de esta firma, Edgar Beltrán Álvarez fue quien le prestó dicha suma a Ruby Corredor, a pesar de que no tenía la capacidad de endeudamiento, según su perfil financiero, Beltrán realizó el préstamo a quien a su vez le vendió la Empresa Byda Colombia en el año 2007.
Con el préstamo de $1.303 millones por parte de Beltranico Ltda y de $177 millones por Bancolombia, las autoridades no pudieron rastrear el origen de $296’033.126 que usó Corredor para completar el pago del inmueble.
En el análisis del rastro del dinero con el que se pago el inmueble que perteneció a la mafia, las autoridades encontraron que realizó el pago de los pasivos a la empresa Beltranico Ltda por $848 millones.
De igual forma, determinaron que, “es importante resaltar que el proceso de compraventa entre Ruby Corredor Ruiz y el comprador del bien, se surtió tan solo un mes y quince días después de que Ruby Corredor Ruiz lo hubiera adquirido formalmente mediante escritura y registro, lo que pone de manifiesto que al parecer esta señora sirvió como intermediaria entre el Frisco y el último y actual comprador” se establece en el documento de análisis financiero de la UIAF.
Aunque Ruby Corredor Ruiz fue capturada e imputado los delitos de lavado de activos por la compraventa de este buen inmueble que luego vendió al senador Armando Benedetti, la juez 78 de control de Garantías de Bogotá no accedió a la petición del ente acusador de imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario porque la Fiscalía no probó que la comunicadora fuera un peligro para la sociedad, evada a la justicia o evada el proceso.
Según registros, Corredor Ruiz y Benedetti se conocieron en el año 2010, cuando la entonces esposa del congresista, los presentó con el propósito de efectuar la compra del apartamento, cuya transacción se acordó, una parte, mediante la aprobación de un crédito bancario.
La Fiscalía, en audiencia evidenció que Corredor Ruiz le vendió al senador Benedetti el inmueble por el mismo valor que lo adquirió en remate ante el Frisco, esto es $1.600 millones. Que no tenía en el año 2009 ese dinero para adquirir ese inmueble y que además la venta al congresista le generó pérdida de dinero por más de $100 millones por los gastos en los que incurrió en la venta y la compra y el pago de la administración.
También cuestionó que el congresista sufragara los gastos de administración desde antes de adquirir el apartamento. Para la Fiscalía, la actuación de Corredor constituyó una maniobra para dar apariencia de legalidad a dinero de origen ilícito.
Entre otros detalles, en la declaración de bienes y rentas de Ruby Corredor presentada en el año 2018, declaró que era la propietaria de tres inmuebles, dos en Bogotá. Uno por $364 millones y otro por $95 millones y uno en Villavicencio por $283 millones.
También sostuvo ser accionista de dos empresas Grupo Sulmac SAS, constituida en el año 2013 y cuyo objeto es la construcción de edificios residenciales y Dasser Constructores SAS que tiene el mismo objeto social de la anterior creada en el año 2016. En concepto de las autoridades, Ruby Corredor pasó de ser una contratista del sector público a próspera empresaria con varios viajes al exterior en el último tiempo.
En contraste, las partes cuestionadas, expresaron sus argumentos frente al caso. El abogado penalista Mauricio Uribe Ruiz, defensor de Ruby Corredor expresó en la audiencia del miercoles pasado que la Fiscalía no ha demostrado que los recursos con que su cliente adquirió el bien sean de procedencia ilegal, por ello es inadecuado que se hable de lavado de activos. Además argumentó que la mujer ha comparecido y esta dispuesta a acudir a la justicia cuando sea requerida.
Por su parte, el senador Armando Benedetti, ha sido vehemente frente a los vínculos comerciales con Corredor Ruiz se refirió al caso a través de un mensaje en su cuenta de la red social twitter, “nunca he cometido un delito! NUNCA HA HABIDO UN SOLO TESTIGO QUE LO DIGA. Solo hay indigencia profesional en 2 o 3 periodistas que hilan muy delgado para involucrarme en los procesos de otros, como parte de los montajes de los que nunca ha sido ajena la Fiscalía¡ (sic). Adicionalmente, frente a la captura inicial de Corredor, el congresista expresó: “Espero por el bien de ella, que logre demostrar su inocencia.
No es la primera vez que el parlamentario enfrenta a la justicia. En la administración del Néstor Humberto Martínez tuvo serios cuestionamientos y lo enfrentó publicamente. Durante varios meses su delegado, el fiscal Daniel Hernández, investigó al congresista sin resultados. El año pasado el funcionario incluso se desplazó a varios centros penitenciarios con el propósito de lograr testimonios relevantes para vincular a Benedetti sin éxito.
De igua forma, el ente acusador conoció de un informe que elaboró una firma de investigación privada sobre movimientos del congresista y su núcleo familiar con el cruce de bases de datos en la DIAN que reflejo un supuesto incremento de uno de sus padres por más de cien mil millones de pesos.
Lo cierto, es que el informe se hizo público y el propio organismo tributario descartó los hallazgos del informe privado que en esencia tuvo errores en el cruce de la información y la interpretación de las cifras, que resultaron ser alejadas a la realidad.
Adicionalmente, a la Corte Suprema de Justicia que adelanta indagaciones contra Benedetti han llegado varias informaciones que hasta ahora no han tenido mayor sustento probatorio. El caso Odebrecht; el proceso las presuntas interceptaciones telefónicas en las que el próximo jueves se inicia la audiencia preparatoria y el expediente por manejos indebidos en Fonade, entre otros.
Ahora de nuevo surge el caso que originó el supuesto desfalco a la educación en el departamento de Córdoba con testigos que se negaron a declarar en contra del congresista y que derivó en el informe de la UIAF donde apareció el negocio del apartamento con el senador Benedetti.
El proceso contra Ruby Corredor Ruiz por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito sigue su curso y la procesada se defenderá en libertad como lo determinó un juez hace pocos días. Entre tanto, el parlamentario Benedetti reitera que el negocio fue legal y que es víctima de una persecución mediática y de la Fiscalía.
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