El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hizo público el caso de corrupción más grande de los últimos años en Latinoamérica; el soborno de US$788 millones de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios y particulares en 12 países de Latinoamérica y África, con el propósito de obtener obras públicas.
Un cedazo procesal que solo fue posible por la acción de agentes de la Unidad Anticorrupción del Federal Bureau Of Investigation, FBI, que sacudió el entorno presidencial, directivo, congresional y empresarial en la región con al menos 34 condenas. Un hecho que movió a algunas de las fiscalías de los países que hasta ese entonces se hicieron las de la vista gorda con tamaño proceso.
Aunque se han producido condenas y más de 100 investigados en el país, hoy, siete años después de la investigación internacional, la justicia de Estados Unidos, no está satisfecha con los resultados del proceso en Colombia. De manera sigilosa retomó el caso hace varias semanas y para ello tienen como punta de lanza a uno de sus agentes que trabaja en Estados Unidos y en el país, que ya está indagando y buscando nuevas pruebas en Colombia.
Se trata de Darcos Cruz, agente especial del FBI, con sede en Miami, Estados Unidos. Un funcionario designado en funciones investigativas desde Washington, sede principal del organismo, tras delegación que efectuó la Unidad Anticorrupción del organismo norteamericano.
Cruz retomó las indagaciones en Colombia a fin de continuar identificando infracciones penales a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que establece sanciones a empresas, funcionarios y personas que incurren en soborno trasnacional. Para el caso de Odebrecht la justicia de Estados Unidos, estimó en US$11 millones el pago de sobornos en el país.
Estos dineros fueron cancelados mediante dos giros. El primero de US$6.5 millones para lograr la adjudicación de la Ruta del Sol Fase II a cargo del Instituto Nacional de Concesiones, INCO. El segundo por US$4.6 millones por la adición de la ruta Ocaña, Aguaclara, Gamarra, Puerto Capulco, adjudicada por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
En concreto, el agente especial del FBI, desde hace varias semanas, viene efectuando contactos, con algunos procesados en el caso, con sus abogados y algunas autoridades en Colombia. Para ello está solicitando nuevos testimonios y pruebas adicionales, con el propósito de demostrar la hipótesis que en el caso Odebrecht en el país, varios personajes de alto perfil no fueron judicializados teniendo responsabilidad en el pago de millonarios sobornos.
Por estos días las pesquisas y contactos de Cruz, se centran en dos personajes implicados en el caso. El primero de ellos es Eduardo José Zambrano Caicedo. Se trata de un empresario que a través de la compañía Consultores Unidos, habría efectuado millonarios pagos a Daniel Garcia Arizabaleta, entonces director del Invias y excandidato al Senado por el Centro Democrático. Esto, según la justicia de Estados Unidos, en acuerdo con Eleuberto Martorelli, ciudadano brasileño, presidente de la multinacional, para la época de los hechos.
En este caso, incluso, hace dos meses, el 29 de septiembre, el fiscal, Francisco Barbosa, prorrogó el principio de oportunidad a Zambrano, mediante resolución 00731, a fin de que entregue mayor información y pruebas a la justicia de Colombia y Estados Unidos, a través de su agente del FBI.
Zambrano aceptó sólo un delito enriquecimiento ilícito de particulares, los demás delitos imputados como lavado de activos y concierto para delinquir no los aceptó lo que derivó en una ruptura de la unidad procesal, es decir, se abrieron dos noticias criminales.
Con un antecedente, en octubre de 2017 Zambrano a través de sus abogados esbozó lo que sería su colaboración en virtud de un preacuerdo. Este revelaría quienes estuvieron en la negociación del contacto de transacción suscrito en Panamá entre la Concesionaria Ruta del Sol y Consultores Unidos de Panamá por US$2.700 millones.
Los prediseños que se realizaron pero que no fueron usados por la concesionaria Ruta del Sol, la solicitud de los directivos de Odebrecht en Colombia, Eder Ferracuti y Eleuberto Martinelli para que suscribiera un contrato de transacción para conciliar los predios de la vía Ocaña-Gamarra a fin de aumentar injustificadamente los valores acordados.
Zambrano, según el principio de oportunidad, también se comprometió a detallar los montos sobrefacturados en el contrato de la vía Bogotá-Girardot por Consol integrado por empresas de la Organización Sarmiento Angulo, Corficolombiana, Grupo Solarte y Odebrecht y Consultores Unidos Colombia por $6.000 millones.
Además de los dineros entregados al empresario Esteban Moreno, para apoyar campañas políticas y otros temas; el contrato suscrito entre Consultores Unidos y Salini Impregili mediante el cual se obtuvo el diseño de Puente Plato con la colaboración de Roberto Prieto por el cual recibió $650 millones.
Así mismo, la adjudicación irregular de un contrato al Consorcio La Hidroeléctrica, y la entrega del documento que le remitió Eleuberto Martinelli realizado por Roberto Prieto en el que se de aclara los aportes que realizó la multinacional a la campaña electoral del entonces presidente Juan Manuel Santos.
Aunque en este documento aún no especificó las personas involucradas contra las cuales se comprometía a testificar, más adelante si lo hizo.
Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2019 se comprometió a testificar en contra de Yesid Arocha Alarcon, jefe jurídico de Odebrecht. Cuatro meses después suscribió principio de oportunidad por un año a cambio de inmunidad total y que abarcaría cuatro procesos penales más de hechos que aún no le habían sido imputados.
En este ya se comprometió a entregar detalles y soportes que demostrarían la participación de Luis Fernando Andrade, Luis Eduardo Gómez Martinez, Francesco Stopponi, Leonardo Castro, Daniel García Arizabaleta, Eleuberto Martinelli y el propio Yesid Arocha.
Cómo el principio de oportunidad no cobijó el delito de enriquecimiento ilícito del cual aceptó cargos, Zambrano fue condenado por éste en abril de 2022 imponiéndole un juez la pena de 71 meses y 15 días de prisión.
El pasado 6 de enero, luego de dos prórrogas del principio de oportunidad, el Fiscal General autorizó otra prórroga por seis meses pero bajo inmunidad parcial por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado, interés indebido en celebración de contratos, tráfico de influencias y concierto para delinquir.
Esta nueva prórroga se autorizó por seis meses porque cinco de los siete procesos que involucra a las personas contra las que se comprometió a testificar, luego de tres años, aún está apenas en etapa de indagación, “circunstancia que hace incierta la materialización del compromiso adquirido con la administración de justicia”. Y es que el estado procesal generó que se prendan las alarmas en Estados Unidos, y por ello, la intervención del agente especial Darcos Cruz, entre otros asuntos.
El proceso en contra de Luis Eduardo Gómez Martinez que cursa en la Fiscalía Primera Especializada del Grupo de Tareas Especiales Odebrecht, se tenia prevista la audiencia de imputación de cargos para el 17 de febrero de 2022 pero la defensa pidió aplazamiento.
A Daniel García Arizabaleta apenas se le imputó cargos el pasado 22 de junio. En el caso de Eleuberto Martinelli el fiscal del caso indicó que la última actuación fue el pasado 6 de septiembre apenas con una búsqueda selectiva en base de datos pues el proceso está en indagación aún, una etapa anterior a la investigación.
Lo mismo informó el ente acusador ocurre con el abogado y profesor de contratación Yesid Arocha. En cuanto a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, estableció que el pasado 29 de marzo el Juzgado 36 Penal del Circuito decretó la nulidad de todo lo actuado desde la imputación.
Con respecto a Federico Gaviria Velásquez, el agente especial Darcos Cruz avanza en gestiones de contacto con el empresario y sus abogados. Recibió principio de oportunidad por parte de la Fiscalía con el propósito de delatar a varios implicados en el caso Odebrecht, no obstante, el agente Cruz busca mayor información y pruebas de su parte.
En el caso de la multinacional, Gaviria, fue condenado en abril del año pasado, a seis años y seis meses de prisión, además a pagar una multa de $10.526 millones. Según el fallo de la justicia Gaviria usó la empresa Consultores Unidos, como fachada para que ejecutivos de Odebrecht lavaran dineros, que posteriormente se entregaron a congresistas y funcionarios como sobornos para la adjudicación de la Ruta del Sol II.
Lo evidente, es que según aseguraron varias fuentes a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, la asignación de trabajo especial que viene haciendo el agente del FBI, Darcos Cruz, los contactos de las últimas semanas y la ratificación del gobierno de Estados Unidos de su insatisfacción con el caso Odebrecht abren un segundo capitulo por los sobornos pagados por la multinacional
El primer capítulo y más relevante hasta ahora en Colombia lo protagonizó un alto funcionario del Estado. Fue el entonces viceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien no tuvo más remedio que aceptar que recibió US$6.5 millones. Obtuvo un principio de oportunidad y fue condenado a cinco años y dos meses de prisión. Hoy goza de libertad y vive cómodamente en Cartagena. De su delación, se desprendieron otros procesos y algunos señalados fueron judicializados y condenados.
Otro de los claves en el caso es el exsenador Otto Bula, intermediario de la multinacional brasileña en el Congreso para distribuir un soborno de US$4.6 millones. Este delató; además, cuando lo visitaban a su sitio de reclusión, según informó una fuente a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, grababa conversaciones. “De hecho, muchas de ellas las tiene en su poder como insumo para seguir delatando”, aseguró.
Bula, había sido capturado en enero de 2017 y condenado a 5,5 años de cárcel tras lograr preacuerdo con la Fiscalía. Estuvo varios meses cumpliendo pena en la guarnición policial Cespo y luego recibió el beneficio de prisión domiciliaria. A mediados de mayo quedó en libertad por pena cumplida.
Otros relevantes fueron a prisión, Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, quien hoy vive en Estados Unidos y enfrenta juicio.
A él se suma, José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, filial del Grupo Aval, sentenciado a once años de cárcel por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos por el pago de sobornos para la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II. Un proceso que está en recurso de casación ante la Corte Suprema.
Igualmente, el exsenador Bernardo El Ñoño 'Elias' y Roberto Prieto, cercano al expresidente Juan Manuel Santos, quienes también fueron condenados a seis y cinco años de prisión respectivamente, al evidenciarse que recibieron dineros de la multinacional Odebrecht.
Estos los más relevantes en el proceso. Además está, la condena proferidas contra el empresario Enrique José Ghisays, quien también quedó en libertad en septiembre pasado, luego de cumplir una condena de tres años.
En concreto, tras allanarse a cargos, el empresario prestó su compañía de papel creada en Panamá, Lurion Trading Inc, mediante la cual se lavaron dineros del millonario soborno de Odebrecht en Colombia.
Según registros de la justicia, por el caso de coimas pagadas de la multinacional, entre procesados y condenados hay más de 100 personas. Hace dos semanas la Fiscalía anunció que: “radicará solicitudes de imputación contra 10 personas, tres de ellas ciudadanos brasileños, dos españoles y un uruguayo, en cinco líneas distintas de investigación”.
A ello se suma la imputación de cargos al fiscal del caso Odebrecht Daniel Hernández. Esto según la propia Fiscalía porque: “hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal”.
Con otro antecedente, en los momentos de mayor relevancia del caso la fiscal Amparo Cerón, fue separada del cargo, sin explicaciones claras, para dar paso a Hernández, quien fuera mano derecha del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y de Francisco Barbosa.
También, según él organismo investigador, el fiscal Hernández: “tampoco pidió inmediatamente la expedición de notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a los señores Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai, en el entendido de que, para la fecha de los hechos, podrían haber salido de Colombia”.
Por situaciones cómo estás y otras adicionales, el FBI reitera que no está satisfecho con las actuaciones de la justicia en Colombia. En esencia, considera que, pese a su apoyo, no están todos los que deberían estar. El caso Odebrecht en el país toma un nuevo impulso.
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