Las manifestaciones de noviembre de 2019 y las que se han convocado en el transcurso del año desde el pasado 28 de abril dejaron cifras aterradoras y disímiles.
Según la Defensoría del Pueblo al 11 de mayo fueron 42 civiles muertos y 2 policías. La ONG Temblores reportó que con corte al 23 de mayo ocurrieron 45 decesos, 3689 casos de violencia policías, 25 víctimas de violencia sexual y 1648 detenciones que consideraron arbitrarias.
En contraste, el registro estadístico evidenciado a nivel internacional por Human Rights Watch, denunció 67 muertes hasta el 24 de mayo.
En la otra orilla, la Fiscalía General de la Nación aseguró que para el 23 de mayo de las 548 personas reportadas como desaparecidas, 290 ya habían sido ubicadas y 129 se encontraban por establecer.
El Ministerio de Defensa también entregó sus cifras; 2149 heridos de los cuales 1062 fueron civiles y 1083 policías.
El Paro Nacional que se extendió hasta comienzos de junio dejó pérdidas incalculables en vidas humanas, sociales, económicas y hasta deportivas.
Recientemente el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas denunció que el vandalismo y las acciones crimínales fueron financiadas por el ELN, de esto hay varios procesos que cursan en la fiscalía.
De la misma forma, el oficial insistió a los uniformados en la necesidad de aplicar los procedimientos correspondientes a fin de ejercer la labor policial garantizando la protesta social y evitando los abusos de autoridad contra la población.
No obstante y ante las diferencias estadísticas de diversas instituciones, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, envió un derecho de petición al general Jorge Luis Ramírez Arangón, inspector general de la Policía, con el propósito de conocer las cifras internas, el estado de los procesos y que decisiones se han tomado contra uniformados inmersos en abusos policiales.
Según la respuesta oficial, desde el 28 de abril hasta el 13 de septiembre la Inspección General de la Policía abrió 108 procesos disciplinarios por la conducta de abusó de autoridad.
De éstas están vigentes 58 y se han cerrado 50. En estos procesos están involucrados 14 patrulleros, un capitán, un mayor, un sargento y un teniente.
En cuanto a las ciudades, 21 procesos se abrieron en Bogotá, 20 en Cali, 15 en Cundinamarca, 12 en Medellín, 9 en Barranquilla, 5 en Pereira y 3 en Quindío, Ibagué y Villavicencio.
Las ciudades en donde sólo cursa un proceso, están ubicadas en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caquetá, Casanare, Guaviare, Sucre y en la capital de Caldas, Manizales.
Para el periodo del 21 de noviembre de 2019 y hasta el 16 de diciembre de 2019, en las protestas que se efectuaron luego de la muerte del estudiante de derecho Javier Ordoñez, tras una golpiza de la policía adscrita al CAI de Villaluz al occidente de Bogotá se abrieron 19 procesos, de los cuales uno solo está vigente los demás se cerraron.
Por estos procesos sólo se vincularon a tres uniformados. Se trata de Jairo Cardozo Barón, comandante de la escuadra móvil antidisturbios número 26, pero la Procuraduría retiró la competencia a la policía y lo asumió por poder preferente.
El otro integrante de la institución vinculado es Carlos Astudillo adscrito al CAI San Nicolás, pero su investigación se archivó.
Así las cosas la única que está vigente es la de un patrullero adscrito a la Estación de Policía de Kennedy.
Desde el pasado 28 de abril la Inspección General profirió cincuenta fallos, 35 archivando, 14 fueron remitidos a la Procuraduría por poder preferente y una absolución
Lo evidente es que ante el clamor ciudadano y las denuncias por abusos policiales, la mayoría de las investigaciones son archivadas en la institución.
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