Se cumplieron diez años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, luego de una fiesta de Halloween en un bar cerca al parque El Virrey en Bogotá. Sus familiares claman justicia e insisten en que se trató de un homicidio. Los defensores de los acusados Carlos Cárdenas, Jessy Quintero y Laura Moreno reiteran que no fue un crimen sino un accidente.
Entretanto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no se ha pronunciado confirmando o revocando el fallo absolutorio de un juez de primera instancia. El proceso cumplió tres años en ese despacho, desde la apelación de la sentencia por parte de la Fiscalía, pero los magistrados alistan un fallo en los próximos días.
Por su parte, Cárdenas exnovio de Laura Moreno fue absuelto y demandó al Estado por privación injusta de la libertad en una suma cercana a $1.500 millones. El caso en contra de Jessy Quintero, la mejor amiga de Laura Moreno, prescribió. Los delitos endilgados de falso testimonio y encubrimiento de homicidio ya se extinguieron en una eventual responsabilidad penal.
La única cuyo destino depende del pronunciamiento del Tribunal es Laura Moreno. Al ser acusada de coautora de homicidio su proceso continúa vigente. En esta década su situación jurídica aún no se ha definido, sin embargo, el motor económico, la empresa de su padre, que permitió sufragar la defensa, peritos extranjeros y onerosos gastos procesales en uno de los casos más mediáticos en la historia de la justicia parece apagarse.
Cuando ocurrieron los hechos, su progenitor Jorge Enrique Moreno Rodríguez, era un voyante empresario del sector petrolero, entre otros negocios, propietario de la firma Montajes JM S.A que facturaba miles de dólares. Hoy la empresa está en ley de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades.
Laura era aún una niña. Su padre constituyó la empresa mediante la escritura 515 del 23 de mayo de 1997 ante el notario segundo de Yopal, en el departamento del Casanare, región rica en petróleo.
Con un monto de $10 millones y Yinet Consuelo Ramírez como socia con un 10% de participación, arrancó la firma. Su propósito, prestar el servicio de soldaduras especiales, montajes industriales con miras al sector de los hidrocarburos como oleoductos, gasoductos, poliductos, montajes de estaciones, cruces fluviales, desarrollo de obras de geotécnia construcción y mantenimiento de obras civiles, entre otras actividades relacionadas.
Cinco años después y ante el éxito de la empresa reformaron los estatutos y aumentaron el capital a $200 millones y se determinó que las acciones serían el 80% para Jorge Moreno y el 20% para Yinet Ramírez.
En los años siguientes se hicieron varias reformas, modificación del objeto principal de la empresa y aumento de capital. En el año 2005 pasó a $950 millones y en el 2008 a $4.120 millones de los cuales la mitad correspondía a utilidades.
Un año antes de la muerte de Luis Andrés Colmenares, Jorge Moreno tomó una decisión, ceder una parte de su próspera empresa a sus hijos, entre ellos, Laura Moreno Ramírez.
El 18 de diciembre de 2009 se materializó su decisión. En la Notaría Quinta de Bogotá, Montajes JR Ltda se transformó en Sociedad Simplificada por Acciones, SAS. Entraron a ser socios en calidad de cesionarios Laura Milena Moreno Ramírez, Jorge Andrés Moreno Ramírez, Sandra Liliana Hernandez Ramírez y Meiby Yaneth Hernandez Ramírez.
Cada uno quedó con 412 cuotas valoradas en $82.4 millones. Ese mismo día, se conformó la junta directiva. La integraron como principales Jorge Moreno, su esposa Yinet Consuelo Ramírez y su hija Laura.
Ese año se cerró con broche de oro. El balance general al 30 de noviembre registrado fue de $95.715 millones en total de activos, un activo corriente de $68.784 millones y un patrimonio de $13.160 millones. La utilidad bruta fue de $7.814 millones y luego de impuestos fue de $2.763 millones.
No obstante, en los últimos meses del año 2011 y el primer semestre del 2012, la investigación de la muerte de Luis Andrés Colmenares dio un giro inesperado. El 19 de diciembre fue llamado a indagatoria Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura Moreno como presunto autor del homicidio de Colmenares. Dos meses después el juzgado 21 de control de garantías legalizó la captura de Laura Moreno y Jessy Quintero por los presuntos delitos de homicidio agravado y falso testimonio.
Lo sucedido en adelante en el proceso empezó a reflejarse en la empresa Montajes JM, S.A. De hecho, el 30 de agosto de 2012, registros mercantiles señalan que mediante la escritura 2058 protocolizada en la Notaría Primera de Yopal, se reformaron los estatutos de la compañía.
Jhon Marcelo Moreno como apoderado de Jorge Moreno Rodríguez, representante legal de la firma, inscribió un acta de asamblea extraordinaria de accionistas que se llevó a cabo el 31 de julio de 2012 en las oficinas de la empresa La finca Vuelta Grande ubicada en la vía que de Siberia conduce a Cota.
En esta acta, Jorge Moreno apareció con el 36% de las acciones, Yinet Ramírez con el 58% y los demás hijos, con excepción de Laura, figuraron con el 2% de la sociedad. En esa reunión, Moreno hizo un balance de los contratos que se terminaron de ejecutar en el año 2011 y se evidenció el incremento en los valores de los contratos suscritos en el 2012, “situación que claramente se debe a la buena reputación, a la experiencia adquirida por la sociedad durante todos los años anteriores y a la excelente relación con los clientes”, así quedó consignado en el acta.
Y es que los clientes de Moreno eran verdaderos pesos pesados en el sector de hidrocarburos. Entre los años 2010 y 2011 Montajes JM SA suscribió 17 contratos por $258.595 millones con multinacionales como Mansarovar Energy, Cepcolsa, Metapetroleun, Flamingo Oil SA, Ecopetrol, Petrominerales y Oleoducto de los Llanos Orientales.
Para el año 2012 y al momento de realizar esa asamblea extraordinaria, cuando aún faltaban cinco meses para finalizar el año, la sociedad ya había suscrito contratos por $335.912 millones. Por ello, en esta misma asamblea se decidió ampliar el objeto social y aumentar el capital a más de $10.000 millones.
El horizonte de la sociedad apuntó a firmar directamente contratos con el Estado. En el literal v de la reforma quedó consignado el sentido de la ampliación, “como también la prestación del servicio de alquiler de taladros y herramientas (...) igualmente podrá suscribir contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y de nuevo, en otro punto de la sesión directiva, el nombre de Laura Moreno volvió a aparecer.
La asamblea autorizó pagarle a la estudiante el valor de las utilidades acumuladas desde el año 2010 por $127.5 millones. Mediante un documento, dos meses después de su captura y cuando es usual que los jueces prohiban cualquier movimiento sobre bienes o acciones durante seis meses, Laura Moreno traspasó sus acciones a su madre, Yinet Ramírez Calderon, el 25 de abril de 2012.
Aunque el Código de Comercio establece que los dividendos pendientes son de quien adquiere las acciones, se pactó que estos serían de Laura Moreno. Meses después, el caso dio otro giro. Se conocieron unas grabaciones en las que supuestamente Jorge Moreno hace referencia a un eventual pago de $1.000 millones al fiscal del caso para cambiar el curso de la investigación.
En su momento Luis Alonso Colmenares, padre del estudiante fallecido, anunció una denuncia en contra de Moreno por los presuntos delitos de cohecho y soborno. Una afirmación que apoyó el abogado de la familia, el penalista Jaime Lombana. De inmediato, el mismo Moreno ripostó y calificó las grabaciones de, “manipuladas, alteradas, recortadas y descontextualizadas”.
Dos días después de que se hicieran públicas las grabaciones se citó una nueva asamblea extraordinaria de socios. Allí quedó consignada la renuncia de Jorge Moreno como representante legal de su empresa Montajes JM que fundó en 1997. En su reemplazo se designó a Edisson Cristancho Moreno y como suplente a Nury Lilian Cristancho Moreno. En ese mismo documento se aprobó la renuncia de Laura Moreno a la junta directiva de la empresa.
Cristancho Moreno era a su vez el representante legal de la empresa G el T SAS, de la cual Montajes JM tenía un porcentaje accionario superior al 50%. Frente a ello, mediante documento privado se materializó la figura de controlante.
Pero sobrevendría otro hecho. De manera intempestiva, el 29 de septiembre de 2017, la empresa Montajes JM, solicitó a la Superintendencia de Sociedades iniciar un proceso de reorganización empresarial, o entrar en ley de quiebras como se conoce informalmente. Ello, pese a que en el año 2012 suscribió contratos para ejecutar en los años siguientes por más de $300.000 millones. El argumento central de la sociedad de Moreno fue cesación de pagos.
Según manifestaron a Supersociedades, a septiembre de 2017 tenían obligaciones vencidas por un período superior a 90 meses las cuales sumaban casi $3.000 millones. Estas, según lo manifestó el apoderado de la firma, constituían el 12% del pasivo a 30 de agosto de 2017 el cual ascendía a $4.667 millones.
Edisson Cristancho y su apoderado ante el organismo de control, aseguraron que la fluctuación de los precios del petróleo, la desaceleración en licitaciones y las altas tasas de interés del sistema financiero, fueron determinantes en los resultados negativos de la compañía.
No obstante, causó particular atención el hecho de que en los últimos años la compañía tuvo cinco revisores fiscales. Por allí pasaron, Edgar Beltrán, María Antonia Camacho, Kpmg, Ernest & Young y BDO, estas tres últimas firmas reconocidas a nivel mundial, pero que terminaron su vinculación por decisiones empresariales.
En contraste, para ese momento, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltas por la juez once penal del circuito de Bogotá. Una decisión sobre la cual, la Fiscalía y la Procuraduría interpusieron recurso de apelación. Por ello, desde el 17 de marzo de 2017 el proceso fue enviado al Tribunal Superior de Bogotá que tiene pendiente su decisión.
Casi de manera simultánea, la empresa reportó sus estados financieros. El balance general a 31 de diciembre de 2016 indica que el total de activo corriente era de $115.215 millones. El total de costos fue de $40.306 millones y la utilidad antes de impuestos de $16.755 millones. Precisamente, sobre los estados financieros de Montajes JM SA, la Superintendencia de Sociedades en varias oportunidades le ha llamado la atención.
En el año 2011 envió una comunicación solicitándole información financiera. Un año después la entidad volvió a requerir a la sociedad por presuntas inconsistencias en la información de ese año. En abril de 2016 la Supersociedades envió un nuevo requerimiento para que la empresa presentara los estados financieros a 31 de diciembre de 2015.
Un año después y meses antes de solicitar un proceso de reorganización por cesación de pagos, la entidad le formuló pliego de cargos porque la sociedad no presentó la información del año 2014, “en los términos y condiciones ordenadas por esta entidad”. Idéntica situación sucedió para el año 2016.
Lo cierto es que luego de casi tres años de iniciarse el proceso de insolvencia, el pasado 9 de septiembre se llevó a cabo una audiencia en la Supersociedades. Ese día, la mayoría de acreedores reconocidos, llegaron a un acuerdo de reorganización de la empresa con el propósito de que siga operando. Mientras tanto, Laura Moreno, ya graduada de la Universidad de Los Andes, casada, en otras actividades y su padre Jorge Moreno, esperan el pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares que una noche de Halloween les cambió la vida para siempre.
