Una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro será la reforma agraria. Para este propósito designó a la exministra del gobierno de Ernesto Samper, Cecilia López Montaño. La funcionaria ha evidenciado grandes extensiones de tierra improductivas y aquellas dedicadas a la ganadería y no a la agricultura, así como las que están pendientes por entregar a las víctimas del conflicto armado.
A ello se suma la designación como Superintendente de Notariado y Registro al excongresista, Roosvelt Rodríguez, quien será vital en la implementación de la reforma y en ejecutar la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre adjudicación de terrenos baldíos.
Sin embargo, con el primer cuello de botella que se encontrará el funcionario será el millonario contrato frustrado suscrito por la Superintendencia de Notariado y Registro hace seis años, precisamente para adquirir un gran soporte tecnológico de arquitectura tecnología y software, entre otros.
Este a fin de cumplir con el registro de restitución y formalización de tierras derivado de la ley de víctimas. Un negocio que genera más dudas que certezas no solo por su ejecución sino por los polémicos contratistas tras bambalinas.
Pero el contrato suscrito en 2016 luego de una controvertida licitación frustrada tiene $26.000 millones embolatados, tuvo dos suspensiones, 15 prórrogas de estas suspensiones, así como procesos sancionatorios por incumplimientos.
Además, con un proceso disciplinario que se archivó en la Procuraduría en menos de ocho meses y unas largas que inexplicablemente se prolongaron durante seis años hasta el pasado mes de julio que se liquidó por mutuo acuerdo, no sin antes reconocerle más de $5.000 millones al contratista que no cumplió.
Al respecto, la exsuperintendente Fernanda García precisó que recibió el contrato de su antecesor terminado y con un proceso sancionatorio por un supuesto incumplimiento en curso. Detalló que aunque anteriores administraciones no pudieron sacar adelante el contrato, en su mandato se lograron evidenciar las falencias y superarlas tecnológicamente.
La exfuncionaria aseguró que le corresponderá entonces a la administración entrante "considerar el acta de liquidación, los acuerdos y los resultados de estas pruebas para su implementación gradual en las 195 oficinas de registro del país".
Un asunto se remonta al 28 de julio de 2016 cuando la Superintendencia de Notariado publicó el aviso de convocatoria de la licitación 07 de 2016, así como los estudios previos y 82 documentos más, entre el análisis económico del sector, el proyecto de pliego de condiciones, el equipo de trabajo requerido y la matriz de riesgos.
Para realizar el estudio de mercado le enviaron solicitud de cotización a cuatro empresas, Supercomp, Futuver, Trimble y Thomson Reuters. Los valores ofertados oscilaron entre los $25.395 millones de Thomson hasta $110.477 millones de Trimble. Incluso se estableció que en la entidad se habían realizado procesos de contratación similares con ETB y Oracle.
Días después recibieron observaciones de 10 compañías que mostraron interés en participar en la licitación. La mayoría se encaminaba a solicitar una prórroga pues consideraban que el proyecto del pliego de condiciones tenía 1.400 páginas, muchas de las empresas eran extranjeras y se requería la traducción completa.
"A la fecha, esto es 9 de agosto de 2016, a dos días del cierre de fecha máxima para observar el pliego, esto es 11 de agosto de 2016, es algo imposible y lo único qué hace es que sociedades extranjeras no podamos participar", señaló uno de los interesados.
Paradójicamente, y a pesar de que en la audiencia de socialización del proceso asistieron 13 compañías, 20 empresas presentaron observaciones. Solamente la Unión Temporal Súper Data 2016, alcanzó a presentar propuesta el 28 de octubre de 2016 a las 10:00, todos los demás quedaron por fuera.
Incluso, Gerardo Vélez Aldana de la firma Lookers solicitó se decretara la nulidad del proceso porque a su juicio la licitación no cumplió con la libre concurrencia y participación de los proponentes, pero esta fue negada mediante resolución 12831 del 22 de noviembre de 2016.
Thomson Reuters, una de las más prestigiosas empresas de información con oficina principal en Canadá y que cotiza en las bolsas de Toronto y New York envió un derecho de petición a la Superintendencia de Notariado solicitando no tener en cuenta la propuesta presentada por dicha unión temporal porque no describió el módulo de biometría de lectura de huella dactilar, uno de los componentes exigidos.
También dejó claro que no cumplió con los requisitos de acreditación de experiencia. Así como un dato revelador, la unión temporal describió una propuesta tecnológica denominada Magna. Sin embargo, el lanzamiento de esta solo se hizo a finales de 2014 y para atender identificación de personas.
El proceso transcurrió y el 23 de noviembre de 2016, la entidad declaró desierta la licitación pública. Ese mismo día, fueron publicados los estudios previos del mismo proceso pero esta vez con la modalidad de selección abreviada.
Veinte días después, el contrato le fue adjudicado a la misma Unión Temporal Superdata 2016, la misma a la que no se le adjudicó la licitación por no cumplir con los requisitos que la habilitaban para tal fin.
El contrato de prestación de servicios 926 de 2016 fue suscrito por el secretario de la entidad Alberto Ferrer y por Oscar Muñoz Garzón, representante legal de dicha unión temporal.
Con un plazo de ejecución pactado el 30 de junio de 2018, por un valor de $26.575 millones y se acordó la entrega de un anticipo de $10.630 millones con el perfeccionamiento del contrato y la aprobación del plan de inversión del anticipo y siete pagos por $1.594 millones con el diseño, las dos fases de desarrollo, las dos fases piloto, la fase de implementación y la fase de cierre.
Se contempló que la Superintendencia asumiría el pago adicional del impuesto del 4x1000 correspondiente a $106 millones. El acta de inicio se firmó el 11 de enero de 2017 y dos meses después se depositó el anticipo en la Fiduciaria Colpatria en una cuenta de ahorros.
Pero los problemas empezaron casi de inmediato. Faltando cuatro meses para cumplirse el plazo pactado, la interventoría en cabeza del Consorcio Interventores Tecnológicos SNR, solicitaron se iniciara un proceso con fines sancionatorios, pues a febrero de ese año ni siquiera se había aportado el RUT y la resolución de facturación de cada una de las empresas que integraban la unión temporal, así como los documentos que acreditarán la sucursal Supercom en Colombia.
La unión temporal pidió se convocara a una reunión, pero en dos ocasiones no asistieron. En la cuarta citación realizada el 20 de abril de 2018, la unión temporal alegó que no tenían la obligación legal de constituir una sucursal en Colombia, a pesar de que una de las empresas que tiene el 60% de participación tiene domicilio en Israel.
El 29 de junio se ordenó el archivo de dicho proceso sancionatorio, pero también ese mismo día, mediante resolución 7386 se declaró el incumplimiento del contrato, para ese entonces se habían desembolsado $8.122 millones. Sin embargo, según la interventoría, 16 meses después la ejecución del contrato iba en fase cero cuando sería en la sexta fase.
Los abogados de las empresas Julián Parra y Juan Pablo Estrada argumentaron que había errores en la tasación y que a su juicio el retraso equivalía al 1% por cada semana. Se les impuso entonces una primera multa de $1.187 millones.
No obstante, la sanción no generó celeridad en el contrato. Al contrario, la unión temporal argumentando que estaba intentado buscar alternativas para cumplir con el contrato solicitó una suspensión del contrato por un mes, es decir, este se reanudaría en la fase cero el 27 de agosto.
Ello no sucedió, pues vino una cascada de suspensiones. Una del 27 de agosto hasta el 3 de septiembre, otra hasta el 26 de septiembre, alegando que continuaban en la búsqueda de alternativas.
Sin embargo, lo que sobrevino no fue una terminación del contrato, si no una prórroga del mismo. Adicionalmente, una disminución en la sanción que quedó en $807 millones y la posibilidad de que dicha unión temporal continuara ejecutando el contrato con un nuevo término, el 30 de noviembre de 2019.
Se esperaba que la prórroga y la modificación del contrato impulsara su ejecución, pero no fue así. En abril de 2019, la unión temporal empezó una vez más a solicitar reiteradas suspensiones del contrato, 15 en total hasta febrero de 2020.
A pesar de que el contrato estuvo más tiempo suspendido que ejecutado, el pasado 29 de junio, la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de Camila Lucía Montes, directora de contratación liquidó por mutuo acuerdo y mediante resolución 06962 del 16 de junio se autorizó una compensación por $701 millones a la unión temporal.
Así mismo, en la liquidación se les reconoció $5.315 millones correspondientes a la fase tres, desarrollo dos. Según la entidad, la fase cero de inicio del proyecto, la fase uno de diseño y la segunda de desarrollo fueron cumplidas, recibidas y pagadas.
Lo evidente es que el tema es más complejo. La Superintendencia de Notariado y Registro en un documento interno de decenas de páginas, tiene todo un dosier del atropellado contrato.
La entidad había autorizado el desembolso de $8.122 millones correspondientes al 30.5% del contrato. El tercer desembolso no pudo ser legalizado porque Supercom, una de las firmas que integran la unión argumentó que las leyes de Israel no le permitían entregar soportes, gracias a la extraña argumentación se pudo evitar el desembolso de $1.917 millones.
Según la entidad el contratista entregó las licencias de uso de software base comercial Magna en el segundo mes, en el generó el acceso al código fuente del software. Ese mismo mes también realizó la instalación y licencias del sistema, la instalación de componentes del sistema de gestión geográfica, arrendaron oficinas, muebles y enseres, se realizó una prueba de software denominado Ethical Hacking, se compraron biométricos, se efectuó logística de prueba de humo y se realizaron gastos de viaje.
En el documento en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, la superintendencia relata la cascada de problemas que tuvo el contrato. Por ejemplo, en 2017 la unión temporal detalló los requerimientos funcionales solicitados, sin embargo, estos no fueron rigurosos. El tiempo pasó y el contratista se dedicó a pedir aclaraciones a pesar de que estas ya estaban precisadas. Esto generó que se debieran hacer ajustes en el diseño y la construcción del software.
Con una particularidad, en la fase tres el contratista solicitó nuevas definiciones que ya habían sido entregadas y lo peor, "por efecto de los retrasos de la Unión Temporal en la entrega, y por la dinámica en la contratación de nuevas tecnologías, ya no están vigentes". En otras palabras, el requerimiento tecnológico de hace seis años cuando se elaboró el contrato ya es ineficaz ahora.
La fase cero de ejecutarse apenas se firmará el acta de inicio, pero la unión temporal la hizo nueve meses después por lo que la fase siguiente quedó paralizada.
En septiembre de 2017 se debió haber entregado la fase uno, pero el contratista como se evidencia en el extenso informe, no entregó una explicación concreta sobre el nuevo retraso. Entonces, continuó en el diseño pero solo por consultores de una de las empresas, Datatools, porque los consultores extranjeros de Supercom salieron a vacaciones y otros ya no trabajan ahí.
Frente a la fase dos, a diciembre de 2017, ya tenía un retraso de seis meses. La fase tres el desarrollo tres meses de retardo y la cuarta ni siquiera inició. Pero también está el rosario de advertencias de la interventoría.
Del software se estableció que la cantidad de casos de usos definidos no es acorde a la dimensión del proyecto. El contratista no entregó una herramienta de gestión de los requerimientos, no se definió una matriz del plan de pruebas y tampoco se definió un cronograma aprobado de la migración de información.
En este punto, y según advertencias de la interventoría, Supercom quien tiene domicilio en Israel que era el experto técnico estuvo ausente del proyecto y expresó cientos de excusas.
Con otro detalle. El 25 de abril de 2019, la Procuraduría le notificó a la Superintendencia de Notariado y Registro que había iniciado investigación disciplinaria pero apenas ocho meses después archivó el proceso.
A partir del 11 de mayo de 2020 iniciaron dos procesos sancionatorios. Uno de estos confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En el mismo informe se establece que la fase cero y uno se retrasó, que los entregables de la fase tres no cumplieron ni en tiempo, ni en calidad y que no fueron altos para aprobación de la entidad.
Pero en un concepto presentado, la interventoría tampoco salió bien librada, se evidenció que no advirtió a tiempo los retrasos, ni los impactos generados en las fases cero, uno y dos. Además, los retrasos de la tercera fase fueron reportados pero tardíamente. También omitió advertir el incumplimiento del plan de gestión, avaló las suspensiones de 2029 sin analizar causas e impactos, así como que Supercom tampoco se había separado del proyecto denominado Bachue.
La unión temporal Súper Data 2016 está integrado por las empresas Data Tools SA con el 40% de participación y Supercom Ltda con sede fiscal en Israel y con un 60% de participación. El consorcio está representado legalmente por Oscar Alfonso Muñoz Garzon.
Data Tools ha suscrito 27 contratos con el Estado que suman más de $171.000 millones. El de menor valor por $120 millones es con la alcaldía de Neiva para prestar el servicio de mantenimiento, actualización y soporte técnico del aplicativo Circulemos de la Secretaria de Movilidad. Este fue suscrito el 27 de diciembre de 2017.
Una compañía que además aparece como contratista en época de pandemia. El 17 de junio de 2020, con el Adres por $104.980 millones por la modalidad de contratación directa y con resolución de urgencia manifiesta.
Igualmente, es un contratista activo de Transmilenio con la que ha suscrito cinco contratos desde el 2 de agosto de 2017, hasta el más reciente del 17 de abril de 2021. Otras entidades que han contratado sus servicios son la Secretaria de Movilidad de Bogotá, IDU, Migración Colombia y la alcaldía de Cartagena.
Esta empresa se creó el 12 de febrero de 1997 mediante escritura pública 374 de la notaría 50 de Bogotá con el nombre de Infotools. Sus socios fundadores fueron Edilma Agudelo Velasquez, Juan Marcos Rico y Carlos Mauricio Pulido Rojas.
Su objeto social fue el desarrollo y mantenimiento de equipos de informática. Cinco meses después aumentaron el capital de $30 millones a $500 millones. Actualmente los socios son Inversiones San Francisco Enterprise SA con el 85.37%, Carlos Eduardo Muñoz Garzon con el 13.41% y Oscar Alfonso Muñoz Garzon con el 1.22%.
El pasado 31 de marzo en la asamblea general de accionistas se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada, se amplió el objeto para también ser outsourcing. Posee un capital autorizado de $6.500 millones y pagado de $6.385 millones.
Su junta directiva está integrada como principales Per Gabelli, Alberto Prada Sánchez y Cecilia Botero Álvarez y como suplentes María Paula Rios Arango, Carlos Eduardo Muñoz Garzón y Manuela Rios Arango.
Desde 2014 esta empresa es controlada por su principal accionista Inversiones Francisco Enterprise SA sociedad constituida en Panamá y representada legalmente por Valentina Rios Arango.
Esta fue constituida el 24 de septiembre de 2012 y tiene un capital social de 500.000 dólares americanos. Con una junta directiva integrada por Valentina Rios Arango, Clara Marcela Arango López y Francisco Javier Rios Velilla.
Han pasado seis años de un millonario contrato para imponer un sistema tecnológico de avanzada para registrar predios y evitar el fraude. Hoy solo queda un sofwfare en desuso, costoso y con un contratista que pese a las evidencias fue indemnizado por la Superintendencia de Notariado y Registro.
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