Violencia doméstica deja en disputa las tiendas Pandora

Rina Aswani, dueña de todas las tiendas de Pandora, Thomas Sabo, HeartsonFire y Mg Joyeros en Panamá y quien creó un imperio de joyas fue agredida físicamente por su esposo Rajesh Mohinani en 2018. Aswani afirma que él le robó todo, denuncia corrupción en el sistema judicial y teme por su vida.

La historia de lo que tiene hoy en día en disputa las tiendas Pandoras de Panamá comienza el 2 de septiembre de 2018, cuando Rajesh Mohinani agredió físicamente a la duena de las tiendas y la dejó incapacitada por más de diez (10) días. "No aguanté más y lo denuncié. Rogué, por semanas, que el Ministerio Público buscara el vídeo de la agresión en las cámaras de nuestro edificio", afirmó la empresaria.

Sin embargo lo que parecía ser un conflicto de violencia doméstica, se extendió al plano empresarial, pues Mohinani a su esposa y también dueña de las tiendas del Mohinani Group, quedando con el control total de la empresa.

Tras la denuncia, el 1 de septiembre de 2020 a Rajesh Mohinani se le imputaron cargos por delitos de falsedad de documento público y violencia económica contra su esposa, pues Rina Aswani es dueña del 50% de las acciones de Mohinani Group y alega que “su esposo la removió mediante falsedad para quedarse con todos los ingresos y el control de la empresa, la cual factura más de $15 millones en ventas anuales”.

Además, tras las denuncias, el 31 de octubre de 2019, la fiscalía imputó cargos a Rajesh Mohinani por el delito de violencia doméstica y el 20 de agosto de 2020 solicitó que se le condene a la pena de seis años de prisión. Según la mujer por medio de Twitter "Confié, equivocadamente, en la justicia. El vídeo desapareció de la investigación, junto con el acta y cadena de custodia. Grabé la diligencia desde mi teléfono y es lo que se pudo rescatar para la investigación".

Al quedarse sin pruebas que sustentaran la violencia familiar, Rina Aswani presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, pero asegura que han pasado más de dos años y nadie en el Ministerio Público sabe que sucedió con el vídeo. Ella misma asegura que "como castigo por denunciar, mi esposo me despidió de mi propia empresa dejándome sin trabajo y sin un solo centavo a mí y a nuestra hija por más de ocho meses. Nadie en el Ministerio Público nos protegió".

De esta forma, entre la violencia familiar y los problemas empresariales, la mujer denuncia la la corrupción del sistema judicial, pues asegura que "Mi esposo es dueño conmigo, en partes iguales, de todo. Me ha extorsionado por más de dos años intentando forzarme a ceder mis acciones y quedarse con el 100% de nuestra empresa. La avaricia lo llevó a amenazarme que, si no le firmaba mis acciones, se llevaría a nuestra hija Alia".

Según la información difundida por la red social, Alia tiene 4 años de edad y al momento en que la empresaria afirmara ser dueña de la mitad de Mohinani Group, empresa que vende más de quince millones de dólares anuales, al ser mujer indostana "todos me apartaron. Le creyeron al hombre", afirmó Aswani.

Por su parte, la mujer comenzó una empresa nueva, según ella para "luchar contra todas las mentiras y demostrar con hechos de lo que soy capaz. Lo hice para luchar contra los estereotipos que mantienen de nosotras". Pues a la fecha su esposo se niega a  devolverle las acciones de la empresa, incluso cuando ha sido imputado por Delitos de Falsedad de Documento Público, Violencia Económica Contra la Mujer y Violencia Doméstica.

De esta forma, con las acciones a su nombre, Rajesh Mohinani se enfrenta a veintidós (22) años de prisión y las marcas: Pandora, Thomas Sabo y Hearts on Fire "aun teniendo conocimiento de todo, no han hecho absolutamente nada", afirma la afectada.

Finalmente la mujer indicó que "Lucho contra un sistema que me revictimiza todos los días. Lucho contra Fiscales que pierden pruebas. Lucho contra Fiscales que se niegan a practicar pruebas. Lucho contra Fiscales que se rehúsan a investigar. Fiscales que no nos creen".

Pues según el informe de la mujer, manifiesa que el hombre y sus ocho abogados la amenazaron, la denunciaron e intimidaron, además por más de dos años la obligaron a callar; sin embargo, por medio de Twitter dijo "basta" y pidió auxilio al Instituto Nacional de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo y a todo el pueblo panameño.