Reproches de 69 sociedades científicas al presidente Gustavo Petro por crisis de la salud

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas -ACSC, entidad científico gremial que agrupa 69 asociaciones, sociedades y colegios de especialistas médicos del país, mediante carta dirigida este lunes al presidente Gustavo Petro expresó sus preocupaciones con relación a las decisiones que vienen siendo tomadas por el Gobierno Nacional, las cuales señalan afectan de manera directa el derecho fundamental de la salud, los  derechos laborales y el
ejercicio de nuestras profesiones.

“En un primer análisis de los actos administrativos emitidos por el Gobierno Nacional, se evidencian posibles vacíos jurídicos que, eventualmente, pueden traer consecuencias jurídicas que no solo colocan en riesgo su vida jurídica sino que afectan de manera seria el sistema de salud y la prestación del servicio; ahonda esta crisis los pronunciamientos del Gobierno Nacional que acompañan estos actos administrativos, que lejos de dar esa seguridad jurídica, nos dejan inquietudes que requieren ser resueltas de manera inmediata”, resalta la carta.

Y destaca que más  allá del análisis jurídico que se deba hacer, el cual le corresponde realizar a los profesionales del derecho, el gremio de profesionales de la salud y a nombre de la ACSC, existe gran preocupación por las estabilidad actual y futura del sistema de salud en Colombia, generada por la decisión de intervenir a las EPS; surgen preocupaciones al interior del gremio de las cuales vemos la necesidad de dejar constancia, con el fin de evitar o mitigar a toda costa cualquier perjuicio que se pueda generar a quienes estamos en la base de la pirámide del sistema de salud, los pacientes y el talento humano en salud.

Prestación de servicios

Con relación a la prestación de servicios, no existe claridad de como el estado va asumir la prestación de servicios en los distintos niveles de atención, en ninguno de los tres niveles, principalmente porque los distintos actos administrativos que
se han promulgado con relación al sistema de salud que se quiere implementar, solo se centran en la atención básica, dejando de lado la baja, medina y alta complejidad, lo cual coloca en riesgo la prestación del servicio oportuna y de calidad y por obvias razones la salud de los colombinos.

Dicen que las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, más allá del parte de tranquilidad que se ha querido presentar, no entregan la seguridad que se requiere con relación a la prestación continua y oportuna para los pacientes a quienes no se les deben interrumpir sus tratamientos y menos a aquellos pacientes con enfermedades ruinosas, por lo tanto es necesario que más allá de las manifestaciones presidenciales, se tomen las medidas administrativas efectivas para garantizar la prestación del servicio en las condiciones que requiere la población colombiana.

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Talento humano en salud

Aseguran las asociaciones científicas que el otro actor del sistema que exige claridad en sus condiciones es el talento
humano en salud, como fue advertido a través de un derecho de petición al
Superintendente de Salud el pasado 3 de abril de los corrientes, se ha evidenciado que la primer medida que se toma en las intervenciones y posteriores liquidaciones de las EPS es la terminación de los contratos con los prestadores y consecuentemente la terminación de los contratos, laborales y de prestación de servicios, con el talento humano en salud, sumado al hecho que las deudas con el talento humano en salud, cuando se toman este tipo de medidas son las últimas
es pagarse, desconociendo la obligación inmediata que tienen los pagos laborales y la puesta en riesgo de los derechos fundamentales y laborales de los trabajadores de la salud.

Por esta razón exigen la protección inmediata de los derechos laborales del talento humano en salud, con independencia de la forma de vinculación, sobre todo de las EPS a las que el Gobierno ha intervenido a la fecha y a las que piensa intervenir, y esto se traduce en la garantía de las condiciones de contratación, la
garantía de pago oportuno y el evitar el menoscabo de las condiciones laborales de quienes prestamos el servicio; es claro que esta protección va más allá de las normas laborales actuales y de los actos administrativos que está emitiendo el Gobierno Nacional, razón por la cual y con base en las mismas competencias que
se están usando para la intervención de las EPS, se requiere se emitan los actos
administrativos correspondientes para que se evite a toda costa la vulneración de nuestros derechos laborales y fundamentales.

Los pagos

Acogiendo la postura con relación al giro directo del Gobierno Nacional, se requiere que en buena aplicación del mismo, se garantice el pago cumplido y sin demora de las remuneraciones al talento humano en salud, la falta de atención en este punto, generará no solo la puesta en peligro de nuestro derecho a la vida digna, sino que ahondará la crisis generando un espiral de decadencia que afectará, por obvias razones, al sistema de salud, sus actores y el correcto ejercicio
del derecho fundamental a la salud.

Desafortunadamente las actuaciones y manifestaciones del Gobierno Nacional, no dan ni la claridad y menos la tranquilidad necesaria para que quienes prestamos el servicio lo podamos hacer con la garantía de no colocar en riesgo nuestros derechos ni los de nuestros pacientes, por lo cual queremos dejar planteadas nuestras inquietudes a esperas de tener no solo una pronta aclaración sino la toma de las medidas pertinentes para sanear las falencias que actualmente se presentan.

La UPC

Por último, argumentan que es clara la imperiosa necesidad que se tiene de establecer una UPC producto de análisis juiciosos y que obedezca a las necesidades del sistema, sin ser sometidas a especulaciones, como al parecer ocurre en la actualidad; de igual manera se requiere una manual tarifario actualizado y que el Gobierno comprenda la necesidad que las sociedades científicas participen de manera efectiva en la elaboración de este manual, lo cual lo hemos expuesto en distintos escenarios.

Como se puede evidenciar, los actos administrativos que se vienen impulsando están generando zozobra e inseguridad jurídica en pacientes, prestadores y trabajadores de la salud; por ello solicitamos se hagan las aclaraciones y exposición cierta de motivos en la que se indiquen las razones jurídicas que llevaron al Gobierno a emitir estos actos, y se garanticen los derechos de pacientes y trabajadores que consideramos, hoy están en riesgo inminente de ser vulnerados.

“Reiteramos nuestra disposición incondicional para trabajar en todos y cada uno de los temas que afectan al sistema de salud con una cisión estrictamente técnica y de igual manera estamos en disposición de apoyar la estructuración de una reforma en salud que convoque a todos los actores y proteja los derechos especialmente de los pacientes y del talento humano en salud”, puntualiza la comunicación remitida por el presidente de la organización Gilberto Agamenón Quintero.

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