Reforma a la Salud: Andi afirma que persisten preocupaciones en el sector

Las mesas técnicas convocadas por el Gobierno nacional para discutir el articulado de la Reforma a la Salud culminaron el pasado 16 de octubre con una audiencia pública. Estas mesas, organizadas por el Congreso y los ministerios del Interior y Salud, se llevaron a cabo entre el 1 y el 11 de octubre y sirvieron como espacio para que distintos actores expresaran sus preocupaciones respecto al proyecto de ley.

Durante las mesas de conversación, se evidencian profundas diferencias, especialmente desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que manifiesta inquietudes sobre posibles errores que podrían traducirse en pérdidas de salud y vida para los ciudadanos colombianos. 

Además, el gremio advirtió que la discusión de la reforma no debe desviar la atención de la urgente necesidad de buscar soluciones al problema de financiamiento que enfrenta el sector, un aspecto que no se abordó en las mesas técnicas y que está deteriorando el sistema a un ritmo alarmante, afectando gravemente a los pacientes.

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Desde la Andi se valoró la intención de fomentar el diálogo a través de estas reuniones, que habían sido solicitadas en múltiples ocasiones. Sin embargo, critican que la convocatoria y metodología empleadas no permitieron trabajar conjuntamente en la redacción de un nuevo texto ni centrarse en la búsqueda de consensos.

Entre las principales preocupaciones expresadas se destaca la necesidad de que se tomen en cuenta los comentarios y observaciones realizados durante el proceso en la ponencia para el primer debate de la Cámara. 

Al revisar el proyecto de ley radicado, se observa que se mantiene el núcleo esencial de la reforma que fue archivada en la legislatura anterior, lo que lleva a la Andi a reiterar que esta propuesta no aborda los problemas graves del sistema de salud actual y pone en riesgo:

1. La protección individual del derecho a la salud y el bienestar económico de las familias colombianas.
2. La integralidad de la atención.
3. La sostenibilidad financiera del sistema.

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Además, la propuesta de reforma implica una sustitución total del sistema actual por uno nuevo, lo que conlleva una reestructuración institucional, de procesos y financiera. Sin embargo, hay preocupaciones sobre si el nuevo sistema garantizará los niveles de protección del derecho a la salud vigentes, especialmente ante la falta de claridad en la transición.

El proyecto radicado no aborda de manera efectiva los problemas estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con el financiamiento. No presenta nuevas fuentes de financiamiento y fragmenta el financiamiento en subcuentas dentro de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). 

Además, el proyecto establece nuevos gastos, como la construcción de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y subsidios a hospitales públicos, pero sin nuevas fuentes de financiamiento, su viabilidad fiscal se ve comprometida.

La ANDI también expresó su preocupación por la fragmentación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por niveles de complejidad, ignorando tecnologías esenciales para enfermedades crónicas en un contexto de transición epidemiológica en el país.

Por último, persisten inquietudes sobre los costos de la reforma y su compatibilidad con las cuentas fiscales del país. El ministerio de Hacienda no ha dado su visto bueno a la reforma, condicionando su aprobación a su compatibilidad con lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que requiere el saneamiento de las obligaciones acumuladas y corrientes del sector para el cierre de 2024.

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