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Keralty conglomerado dueño de Sanitas denunció en Fiscalía a supersalud por intervención de la EPS

Argumentos de la acción jurídica de la empresa extranjera por decisión de Luis Carlos Leal.

Keralty clínica
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 15/04/2024 - 09:44 Créditos: Gobernación del Tolima

Keralty, el conglomerado empresarial dueño de EPS Sanitas, ha interpuesto una denuncia penal contra el superintendente Luis Carlos Leal por considerar ilegal la intervención ejecutada a esta entidad de salud. 

El abogado de Keralty, Juan David Riveros, ha manifestado su preocupación, argumentando que el Superintendente previamente había mostrado una clara aversión hacia EPS Sanitas, lo cual podría comprometer su imparcialidad.

"Antes de ocupar su cargo, el superintendente expresó opiniones y adoptó posturas que demuestran su animosidad hacia nuestra entidad, lo que lo inhabilita para intervenir en asuntos que nos conciernen", señaló Riveros. Según el letrado, la decisión de intervenir no solo es ilegal, sino también arbitraria, desproporcionada y discriminatoria.

Además de la denuncia penal, Riveros anunció que se llevarán a cabo diversas acciones legales adicionales con el objetivo de recuperar el control administrativo de EPS Sanitas y proteger a sus usuarios de posibles repercusiones negativas. 

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“Frente a actos arbitrarios como este, se pueden iniciar múltiples acciones legales para contrarrestar sus efectos adversos", explicó, señalando que se contemplan medidas en el ámbito contencioso-administrativo, constitucional y civil.

La estrategia de defensa de Keralty también se extiende al ámbito internacional, donde planean elevar la queja al Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos y presentarla ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según Riveros, esto busca amplificar la situación a nivel global y buscar apoyos externos.

Adicionalmente, los inversionistas extranjeros de Keralty han emitido una comunicación al Ministerio de Comercio Exterior para iniciar un procedimiento formal basado en tratados internacionales de protección a la inversión. 

“Hemos solicitado a la Fiscalía que, una vez verificado lo que consideramos un acto claramente ilegal, se convoque una audiencia judicial para evaluar la posibilidad de suspender la intervención impuesta", concluyó Riveros.

 

 

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