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Incremento del UPC para 2025 genera preocupación en el sector salud
Ministerio de Salud explicó el incremento.
El Gobierno Nacional anunció este martes que el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), indicador clave para la financiación del sistema de salud colombiano, será del 5.36% tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado.
Este porcentaje, inferior a las expectativas de expertos que recomendaban un incremento mínimo del 16%, ha desatado inquietudes sobre la sostenibilidad financiera del sector.
El Ministerio de Salud explicó que el incremento se definió tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), atribuyendo la decisión a la falta de información confiable proporcionada por las EPS.
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Esta medida afecta directamente a un sistema que ya enfrenta serias dificultades, con ocho EPS bajo intervención de la Superintendencia de Salud, las cuales concentran la atención de cerca de 30 millones de afiliados.
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), expresó su preocupación, señalando que el incremento no cubre siquiera el ajuste salarial del personal de salud, que está vinculado al aumento del salario mínimo, establecido en 9.54% para 2025.
"Este incremento no es suficiente para garantizar la operación del sistema de salud. Solicitamos al Gobierno reconsiderar esta cifra y utilizar como mínimo el ajuste del salario mínimo como referencia para definir el aumento de la UPC", afirmó Giraldo.
Según Giraldo, en un entorno donde el IPC en salud se estima en alrededor del 6%, la decisión del Gobierno resulta insuficiente para afrontar las presiones económicas del sector. Además, enfatizó que esta medida puede agravar la crisis financiera de hospitales y clínicas, ya afectados por atrasos en los pagos y costos crecientes.
El gremio hospitalario insiste en la necesidad de una revisión urgente de los parámetros utilizados para definir el incremento de la UPC, con el fin de evitar un deterioro mayor en la calidad y cobertura del servicio de salud en el país.
Esta decisión reabre el debate sobre las reformas necesarias para garantizar un sistema de salud sostenible y equitativo en Colombia.
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