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Corte Constitucional ordena revisar la UPC tras declarar su incumplimiento e insuficiencia
El alto tribunal identificó fallas en el cálculo de la UPC desde 2021 y exigió al Ministerio de Salud convocar una mesa técnica en los próximos 10 días.
La Corte Constitucional emitió un fallo histórico al declarar el incumplimiento general e insuficiencia en la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo esencial para financiar el sistema de salud en Colombia. El alto tribunal ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social convocar, en un plazo máximo de 10 días, una mesa técnica que permita revisar y ajustar la UPC desde las vigencias de 2021 hasta 2025.
Entre las principales deficiencias señaladas por la Corte está la falta de mecanismos para verificar la información proporcionada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que ha derivado en datos poco confiables sobre el uso de los servicios de salud. También se destacó la baja calidad de la información utilizada para determinar los valores de la UPC y la necesidad urgente de actualizar el método empleado para su cálculo.
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Otro punto crítico identificado fue la falta de equiparación entre la UPC del régimen subsidiado y el contributivo. Desde 2022, la diferencia entre ambos regímenes ha sido del 13,02 %, a pesar de que la normativa exige una equiparación del 95 %.
Según el alto tribunal, esta situación evidencia un incumplimiento sistemático de las disposiciones legales y afecta directamente a los usuarios del régimen subsidiado, quienes en su mayoría corresponden a poblaciones vulnerables.
Órdenes de la Corte Constitucional:
- Convocar una mesa de trabajo con todos los actores del sector salud para revisar y ajustar los valores de la UPC desde 2021.
- Actualizar la metodología de cálculo de la UPC para vigencias futuras, incluyendo la de 2025, e incorporar variables como la inflación y el rezago acumulado.
- Garantizar, por parte del Ministerio de Hacienda, los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de la Sentencia T-760 de 2008, la cual protege el derecho fundamental a la salud.
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