Procuraduría pide al Gobierno Nacional acciones urgentes para la protección de líderes ambientales

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, pidió al Gobierno Nacional la implementación de acciones urgentes para la protección de los líderes ambientales debido al agravamiento de la situación de orden público que se registra en el país.

Este pedido lo hace especialmente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al ministerio de Defensa, frente al agravamiento de la situación de orden público en muchas regiones del país, referenciando que según el informe de Global Witness, Colombia es uno de los países con mayor número de personas amenazas, desplazadas y asesinadas por defender el medio ambiente en el mundo. 

En la solicitud también requirió que se brinde información detallada sobre las medidas adoptadas por las autoridades para llevar a cabo el Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional, respaldado por el Estado colombiano, busca fomentar y salvaguardar los derechos humanos en el ámbito medioambiental.

Además, tiene como propósito asegurar el acceso a la información, la participación de la ciudadanía, la justicia en temas ambientales y la defensa de los activistas de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe.

"Si bien el ministerio de Ambiente anunció que trazó la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo en todos los territorios del país, al día de hoy no se conoce el documento, ni ha sido compartido con el Ministerio Público, enfatizando en que todas las ramas del poder público y los organismos de control deben estar en etapa de aprestamiento para su efectiva implementación, mientras la ley está en revisión de exequibilidad en la Corte Constitucional", expresó la Procuraduría.

Por lo tanto, la Procuradora requirió a las autoridades ambientales nacionales y regionales, Parques Nacionales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para que informaran las estrategias y acciones de implementación del Acuerdo, recalcando en que se intensificarán las acciones para la protección y defensa efectiva del medio ambiente, y de los derechos colectivos de las comunidades del país.