Ordenan investigación contra el gobernador de Risaralda por retraso en obras para los juegos nacionales 2023

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, el director  de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda (EDUR), Mauricio Alejandro Gallego Jiménez, y Carlos Riaño Zamudio, interventor del proyecto para la adecuación de canchas de tenis en Pereira, para los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023, financiado con $8.890 millones de regalías, por presuntas irregularidades en su formulación, aprobación, contratación y ejecución. 

Esta determinación fue tomada después de que la procuradora Margarita Cabello visitara el sitio de construcción de este complejo deportivo el pasado 14 de septiembre.

Durante su visita, observó un considerable retraso en la ejecución de la obra, que superaba el 93%. Este retraso imposibilitará que la instalación esté lista para la fecha de inicio de los Juegos Nacionales, programada para el próximo 11 de noviembre.

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"La procuraduría delegada para Seguimiento a Regalías estableció que el proyecto habría sido formulado por la Gobernación de Risaralda sin tener en cuenta las condiciones y cronograma técnico, que implicaban una ejecución de obras mínimo de 11 meses, con fecha de entrega el 31 de diciembre de 2023", indicó el Ministerio Público.

El EDUR, al firmar los contratos de obra con la fecha de entrega original, no detectó esta discrepancia técnica, sin considerar que los Juegos Nacionales están programados para llevarse a cabo entre el 11 y el 25 de noviembre de 2023.

Un análisis efectuado por expertos de la Delegada sobre el proceso de planificación, diseño y presentación del proyecto por parte de la Gobernación de Risaralda, con el fin de obtener la aprobación del OCAD Región Eje cafetero, sugiere que esta entidad promovió la iniciativa como un proyecto de gran impacto regional, principalmente porque estaba destinado a servir como sede de los Juegos Nacionales, a pesar de que la fecha de finalización de las obras estaba prevista para después de la celebración de dicho evento.

Otros inconvenientes detectados por la Procuraduría, que han retrasado las obras al punto de tenerlas en alto riesgo de incumplimiento son: que no cuenta con licencia de construcción aprobada y no reporta ejecución alguna en las plataformas digitales Gesproy y Secop.

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