Gobernadora del Valle pide militarizar Buenaventura ante toma de la delincuencia

En medio de la tempestad que agita el orden público del Distrito Especial de Buenaventura, Clara Luz Roldán, la figura que ocupa la gobernación del Valle, eleva una voz contundente: la vida y seguridad de los ciudadanos de Buenaventura han de ser la prioridad. 

Una voz que resuena con urgencia, en un contexto de conflicto donde el fantasma de la inseguridad es un invitado no deseado en la vida cotidiana de sus habitantes.

A través de un comunicado oficial, Roldán, al mando de la gobernación del Valle del Cauca, se dirigió al primer mandatario de la nación, el presidente Gustavo Petro, así como a Iván Velásquez, Ministro de Defensa, con un pedido claro y conciso: la militarización completa del Distrito Especial de Buenaventura.

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Proteger a la comunidad y erradicar las economías ilegales son los dos pilares de esta solicitud. "Buenaventura requiere de la presencia del Ejército en cada uno de sus rincones, en cada una de sus calles. Necesita que el brazo de la ley sea el escudo protector de la comunidad y que su presencia sea permanente. Es vital que los habitantes de Buenaventura reconozcan en el Estado la figura de autoridad, y no en las bandas criminales que desafían el orden", fueron las palabras de la gobernadora del Valle.

En la misma línea, Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, manifestó que el último incidente que ha ganado notoriedad y se ha propagado con rapidez, generando una ola de inseguridad entre la población, no es un hecho aislado. Es, más bien, una situación de seguridad que ya había sido pronosticada por la gobernadora en varios encuentros con el Gobierno nacional.

Desde la Gobernación se ha anunciado la continuidad de medidas complementarias en el intento de restablecer el orden y la seguridad. Entre ellas, se encuentran la publicación del cartel de los más buscados y la coordinación prioritaria con la Fiscalía, la Policía y la Armada Nacional.

En este contexto, la postura de Roldán es clara y firme: la autoridad, que debe ser ejercida por el Estado, se ha de priorizar sobre cualquier facción criminal que pretenda usurparla.
 

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