Gobernación de Antioquia insiste en nueva tasa de seguridad para financiar inversión de $1,2 billones

La Gobernación de Antioquia ha reactivado su propuesta de una tasa adicional para financiar un plan de seguridad que se implementaría en las facturas de servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6, y clientes comerciales, industriales y oficiales. Este intento ocurre luego de que el proyecto se archivara en julio, debido a un intenso debate en la Asamblea departamental.

El gobernador Andrés Julián Rendón presentó nuevamente la propuesta, argumentando que el departamento necesita los recursos para fortalecer la seguridad y cubrir deficiencias en infraestructura y equipamiento de la Fuerza Pública. La tasa, que se cobraría en las facturas de energía, podría generar ingresos de hasta $1,2 billones entre 2025 y 2027.

La propuesta contempla cinco áreas de inversión:

1. Tecnología y comunicación: Se destinarían $225.000 millones a la instalación de 5.000 kilómetros de fibra óptica para mejorar el monitoreo de seguridad en Antioquia.
  
2. Equipamiento policial y militar: Cerca de $114.000 millones financiarían la compra de camionetas, motocicletas, radios y drones para las fuerzas de seguridad.

3. Mejoras de infraestructura: Se invertirían $42.000 millones en remodelar instalaciones de la Policía y el Ejército en el departamento.

4. Construcción de una nueva cárcel: Con el fin de aliviar la sobrecarga en estaciones policiales, se construiría una cárcel en Urabá, Bajo Cauca y el Suroeste de Antioquia.

5. Restauración de espacios deportivos: También se destinarán fondos a renovar canchas polideportivas, para evitar su uso como puntos de venta de drogas y reducir el crimen en las comunidades.

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El sector empresarial expresó sus reservas sobre la tasa adicional. Nicolás Posada, presidente del Comité Intergremial, afirmó que el sector privado antioqueño ya enfrenta una carga impositiva considerable. Señaló además que, aunque la tasa propuesta sería temporal, no existen garantías de que futuras administraciones no la prolonguen.

El diputado Luis Peláez criticó la iniciativa, calificándola de incoherente en el contexto de la oposición de la Gobernación a la política fiscal del Gobierno Nacional. No obstante, Rendón defendió la propuesta, asegurando que, en este segundo intento, se han intensificado los esfuerzos de socialización y diálogo con diferentes actores.

El debate sobre esta tasa de seguridad está en pleno desarrollo, con la Asamblea departamental evaluando la viabilidad de la iniciativa en las próximas semanas.

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