Extorsión a transportadores en Barranquilla: refuerzan seguridad por aparición de panfletos

La Policía Metropolitana de Barranquilla ha reforzado las medidas de seguridad para las empresas de transporte público colectivo, tras la aparición de un panfleto que amenazaba a una de las compañías del sector. 

Durante el fin de semana, las autoridades sostuvieron una reunión con representantes de 24 empresas de transporte que operan en la región, con el propósito de discutir y socializar las acciones que se están llevando a cabo para garantizar la seguridad de los conductores y empleados.

En la reunión, que tuvo lugar el viernes por la mañana y en la que también participó el Director Nacional del Gaula, se presentó un balance de las gestiones realizadas en respuesta a las amenazas del panfleto. 

En dicho documento, se exigía a una de las empresas, Lolaya, resolver un supuesto conflicto en un plazo de 24 horas. Las autoridades destacaron que las medidas implementadas han logrado evitar pagos de extorsiones que habrían ascendido a $5.677 millones de pesos.

Uno de los acuerdos alcanzados en la reunión fue la importancia del trabajo coordinado entre las autoridades y las empresas de transporte. 

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Se resaltó que es fundamental que los transportadores informen de manera oportuna cualquier situación relacionada con la seguridad y que realicen las denuncias correspondientes si es necesario.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, enfatizó que esta no es la primera reunión con los transportadores, ya que se han realizado encuentros previos en los que se ha incrementado la confianza de los empresarios en las autoridades, gracias a los avances obtenidos en la lucha contra la delincuencia, en particular contra la extorsión.

El panfleto en cuestión, supuestamente emitido por el Clan del Golfo, también incluía amenazas dirigidas a otras empresas de transporte público que operan en Barranquilla y sus alrededores. 

En el documento, se advertía sobre posibles represalias contra familiares de propietarios y conductores si no se establecía un diálogo con el grupo criminal.

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