El carrusel de alcaldes de Bello: la condena de Óscar Andrés Pérez es el giro reciente

En una crónica de inestabilidad política sin precedentes, la sentencia de 10 años de cárcel dictada a Óscar Andrés Pérez sitúa a Bello, el segundo municipio más poblado del Valle de Aburrá, con cinco alcaldes en menos de ocho años. 

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín fue la encargada de emitir la sentencia en contra de Pérez, agregando así un episodio más a la historia de revuelos administrativos y judiciales que han asolado la región.

Los mandatarios previos, César Suárez Mira (2016-2019) y Óscar Andrés Pérez Muñoz (2020-2023), fueron destituidos del cargo debido a acciones legales, lo que condujo a la instalación de tres alcaldes interinos para cubrir los períodos de gobierno restantes. Pérez Muñoz fue declarado culpable por delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación.

El anterior alcalde electo, César Suárez Mira, tuvo que abandonar su cargo en dos ocasiones por falsificar su título de bachiller. Este escándalo envolvió a Suárez en cargos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal. Durante su tumultuoso mandato, dos alcaldesas interinas, Gloria Elena Montoya y Viviana María Zapata, asumieron el control del municipio.

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Actualmente, el gobernador Aníbal Gaviria tiene la tarea de nombrar un nuevo alcalde interino antes del 31 de diciembre, que será seleccionado de una terna propuesta por el Centro Democrático, el partido bajo el cual Pérez obtuvo la victoria.

Los hechos que llevaron a la condena de Pérez Muñoz se remontan a su primer mandato (2008-2011), durante el cual firmó el contrato 1159 con la Fundación Semillas de Guadalupe. El contrato, valorado en $180 millones, tenía como objetivo la coordinación y ejecución del proceso electoral del Consejo Municipal de la Juventud (CMJ) de Bello.

El expediente judicial revela que se cometieron múltiples irregularidades durante la ejecución del contrato. Entre ellas, la Fundación Semillas de Guadalupe no tenía la idoneidad ni la experiencia necesarias para cumplir con el convenio, y no se realizó un análisis técnico ni económico del valor del contrato. A pesar de estas falencias, las actividades y los productos contratados se pagaron en su totalidad, incluso aunque no se entregaron todos.

El Tribunal Superior de Medellín ha negado el beneficio de prisión domiciliaria a los condenados y ha ordenado su captura para ser trasladados al centro de reclusión designado por el Inpec. Además, ha solicitado a la Gobernación la suspensión inmediata del alcalde Pérez Muñoz y la designación de un encargado.

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