Detalles del informe oficial del Ejército sobre agresión a población en Tierralta, Córdoba

En un intento por arrojar luz sobre los eventos recientes en Tierralta, Córdoba, el Ejército ha presentado un informe detallando sus hallazgos acerca de las acusaciones en su contra. El documento revela que varios miembros del ejército se hicieron pasar por disidentes de las Farc  para intimidar a los residentes de la vereda Bocal del Manso.

El teniente mencionado en el informe, si bien no fue parte de los agresores directos, lideraba la unidad que se confirmó estuvo presente en el área en cuestión. Esta unidad estaba compuesta por un cabo, un sargento viceprimero y ocho soldados. Según las investigaciones, la razón principal para que estuvieran allí era llevar a cabo una operación de allanamiento dirigida contra la estructura de Javier Yepes Cantero.

Uno de los aspectos más controvertidos del informe es la revelación de que los militares usaron camisas negras debajo de sus uniformes camuflados y cubrieron sus rostros con pañoletas para hacerse pasar por disidentes. Se cree que esta táctica se usó para facilitar su acceso a áreas específicas de Tierralta.

Además, fuentes militares han insinuado que podrían haber repercusiones significativas para los comandantes de la brigada número 11 y el batallón, enfocándose en determinar las responsabilidades de cada uno.

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y la Procuradora General, Margarita Cabello, han solicitado la intervención del presidente Gustavo Petro. Su petición es clara: garantizar un ambiente seguro para que los equipos de investigación puedan realizar su trabajo en Tierralta, Córdoba. 

La carta a Petro enfatiza la necesidad de condiciones de seguridad adecuadas para cumplir con los deberes constitucionales y legales de sus respectivas instituciones.

El comandante del Ejército, Luis Ospina, proporcionó información adicional el jueves, confirmando que los 24 militares involucrados (incluyendo un oficial, dos suboficiales y 21 soldados) han sido reubicados en Montería, la capital de Córdoba. 

Esta decisión busca permitir que las investigaciones avancen sin la interferencia de los involucrados. Ospina subrayó que diez de esos militares han sido identificados por haberse desviado gravemente de los estándares y prácticas del Ejército. Estos individuos, por el momento, han sido suspendidos de todos los deberes operativos y de inteligencia.

La investigación sobre este incidente continúa, con muchas preguntas aún sin respuesta sobre la naturaleza y el alcance de la operación y el papel exacto que jugaron estos militares. 

Las implicaciones de estas revelaciones podrían tener un impacto significativo en la relación entre el Ejército y la población civil, y muchos esperan que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente.

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