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Defensoría del Pueblo presentó un panorama de la actual situación de los derechos humanos en Colombia
Cifras, indicadores, regiones, actores del conflicto, entre otras realidades del país.
En la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, la Defensoría del Pueblo entrega un panorama sobre el estado de la protección de los derechos humanos en los 32 departamentos del país.
Las cifras revelan desafíos significativos que enfrentan las mujeres en Colombia. Durante este año han sido registrados 745 feminicidios, 44 de ellos contra niñas y 11 contra personas trans.
Entre enero y septiembre fueron reportados 26.605 casos de violencia de pareja, además de 333 hechos relacionados con el delito de trata de personas.
“En Colombia, el conflicto armado sigue siendo un desafío crítico en derechos humanos, especialmente para las mujeres”, expresó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
“De las 325 Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría desde el 2017, 205 identifican riesgos significativos para las mujeres en contextos del conflicto armado. Sin embargo, estamos comprometidas en fortalecer estrategias de protección”, agregó la Defensora del Pueblo.
Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, lideresas sociales, afrodescendientes, indígenas y migrantes enfrentan los riesgos más graves por las dinámicas del conflicto.
Población frente al conflicto armado
Desde el 2017 la Defensoría ha emitido 203 Alertas Tempranas (AT) relacionadas con afectaciones a comunidades indígenas, y 146 por afectaciones a comunidades afrodescendientes.
Estas alertas han advertido sobre problemáticas como desplazamientos, confinamientos, control territorial y uso de sus tierras para actividades ilícitas.
790 municipios en 32 departamentos se encuentran focalizados en riesgo a partir de las AT emitidas.
En los departamentos de Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo y en las subregiones Catatumbo, sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño confluyen dos o más grupos armados organizados (GAO).
Aunque en algunos departamentos solo haya presencia de un grupo armado, como en Guaviare (la disidencia de las Farc liderada por ‘Mordisco’), las vulneraciones a los derechos humanos son significativas, con imposición de normas de control social, restricciones a la movilidad y “cercos humanitarios”, lo que expone a la población a riesgos constantes y limita la acción de la fuerza pública.
Sumado a esto, la Defensoría del Pueblo registró en el 2023 un total de 123 eventos de desplazamiento forzado, los cuales afectaron a 58.937 personas. En lo que va del 2024 ha registrado 100 eventos, que han afectado a 40.499 personas.
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Protección a niñas, niños y adolescentes
Entre enero y noviembre del 2024, 1.381 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual comercial, siendo las niñas las más afectadas (84%).
Entre el 1 de enero y el 6 de noviembre del 2024 (de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud) fueron reportados 14.245 intentos de suicidio de NNA y jóvenes hasta 19 años. El 43% de los casos correspondió al estrato 1; el 40%, al estrato 2; el 15%, al 3, y el 2%, a los estratos 4 y 5.
Derechos económicos, sociales y culturales
Entre 2020 y 2024, la Defensoría del Pueblo recibió 70.780 quejas por vulneración de derechos fundamentales, como a la salud, la educación, al trabajo y la seguridad social.
Aunque la pobreza monetaria ha disminuido, la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, así como las brechas de género, siguen siendo preocupantes.
Compromiso por un futuro inclusivo y equitativo
“Por un buen futuro, debemos trabajar incansablemente y en conjunto por una Colombia igualitaria, amigable y pacífica, que impulse transformaciones reales en los territorios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser nuestro faro, y es nuestra responsabilidad traducirla en acciones concretas. Entre todas y todos trabajaremos por un país donde los derechos se respeten y se hagan valer”, concluyó Iris Marín Ortiz en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de seguir trabajando en la protección de los derechos humanos, en alianza con las comunidades y las instituciones, para construir un país más justo e incluyente.
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