Defensa de gobernador de Santander Mauricio Aguilar y de exsenadora Doris Vega rechaza lío de parapolítica

El equipo de defensa de Mauricio Aguilar, actual gobernador de Santander, y Doris Vega, exsenadora del desaparecido partido político PIN, han rechazado categóricamente las acusaciones de presuntos nexos con grupos paramilitares. Aseguran que la investigación no tiene pruebas sólidas y señalan a sus acusadores de cobardía.

El martes, una comisión especial de la Corte Suprema de Justicia, liderada por la magistrada Cristina Lombana, llegó a Bucaramanga para recopilar testimonios de 15 individuos como parte del proceso de investigación contra Aguilar y Vega. La investigación se centra en los presuntos vínculos entre ambos políticos y grupos paramilitares entre 2009 y 2010.

Documentos obtenidos indican que la investigación se inició a raíz de múltiples denuncias y evidencias que apuntan a que Aguilar y Vega pudieron haber recibido apoyo de estos grupos paramilitares para ganar las elecciones al Congreso de la República en 2010.

Pero el abogado defensor ha desestimado las denuncias, señalando que no existe prueba de delito alguno. "Se han escuchado a unos testigos que fueron involucrados a través de un anónimo. Hoy llegó un señor que lo utilizaron, gente cobarde que no tiene la valentía de poner la cara", indicó.

Incluso exlíderes paramilitares han testificado que no tienen, ni han tenido, ninguna conexión con Mauricio Aguilar ni Doris Vega. Según el abogado, la Corte Suprema de Justicia debería cerrar la investigación debido a la falta de pruebas de un delito. "La magistrada debe resolver, yo pienso que de oficio ordenará el archivo, pues esperemos las declaraciones que faltan. Nosotros pediremos que se archive porque no hay nada, no hay delito", añadió.

El trasfondo familiar de la investigación es complicado. En septiembre de 2022, Hugo Aguilar, padre de Mauricio Aguilar y convicto por parapolítica, admitió ante la Comisión de la Verdad que había recibido el apoyo de las autodefensas. Mientras tanto, Vega es esposa de Luis Alberto Gil Castillo, también condenado por parapolítica y sancionado por Estados Unidos en 2022 por recibir dinero del paramilitarismo.

El abogado concluyó que "esta gente no sabe el profundo daño emocional y el estrés que causa tener una investigación penal abierta". Con estas declaraciones, la defensa deja claro que espera que el caso se cierre a la brevedad posible.

Le puede interesar: